CASTELLÓ (EFE). La sección de Anticorrupción de la Fiscalía de Castellón ha trasladado al juez la petición de investigar a la alcaldesa de Burriana, Maria Josep Safont (PSPV-PSOE), por un presunto delito continuado de prevaricación en relación a informes desfavorables en el PAI Golf Sant Gregori.
Así consta en el decreto de la fiscal jefe de Fiscalía Provincial de Castellón, fechado el 16 de diciembre, en relación a las diligencias de investigación abiertas tras la denuncia de varios propietarios afectados por el citado PAI y en la que hacían referencia a la posible comisión de un delito continuado de prevaricación y de falsedad de certificaciones.
En el escrito se hace referencia a tres informes municipales desfavorables, el primero de los cuales es sobre la "Cuota 00" de fecha 23 de octubre de 2019, tras el cual se aprueba por decreto de alcaldía un informe de técnicos externos favorable.
El 15 de marzo de 2021 el ingeniero de caminos municipal vuelve a emitir un informe desfavorable sobre el "Giro de la cuota 2", valorando la "falta de adecuación a la realidad de las certificaciones de obras", pese a lo que "resulta aprobado por Decreto de Alcaldía" dos días después, según señala Fiscalía.
El tercero, del mismo ingeniero, hace referencia a un informe emitido el 9 de junio de 2021 desfavorable sobre el "Giro de la Cuota 3" aunque es igualmente aprobado después por Decreto de Alcaldía.
Estas actuaciones, para la fiscal, podrían ser constitutivas de delitos continuados de prevariación cometido por la alcaldesa y otro delito continuado de falsedad de certificaciones cometido por Pascual Abad como director de obra y por Manuel Melchor como agente urbanizador.
A la vista de lo expuesto, según explica la fiscal, se acuerda la remisión de las actuaciones al Juzgado de Castellón para que el decreto conste como denuncia y se practique las diligencias necesarias para probar los presuntos delitos.
Pide también al juzgado que tome declaración en calidad de "imputados" a quienes resulten identificados como autores tras practicar las diligencias y se tome declaración de otros empleados municipales como testigos.
Fuentes del Ayuntamiento han explicado a EFE que el consistorio tenía conocimiento de este asunto, y han aclarado que la Fiscalía "envía la denuncia al Juzgado penal, que a su vez, practicará diligencias, o no, según considere". No se trata de una sentencia, han agregado, y por ello no han valorado su trascendencia, aunque han explicado que otros juzgados ya se han pronunciado sobre el conflicto de la Cuota 00 -el último fallo es de hace solo unos días- y han sido favorables al consistorio.
Del mismo modo han explicado que es la alcaldesa, de manera rutinaria, la que firma todos los certificados de obra, ya sean en este PAI o en otras actuaciones urbanísticas de la ciudad.
