VALÈNCIA. Acuerdo histórico en Les Corts Valencianes. La Comisión de Gobierno Interior, aquella que se celebra a puerta cerrada y en la que se encuentran representados todos los partidos, acordó este martes que los diputados valencianos cobrarán una prestación cuando dejen de ocupar el escaño al acabar la legislatura. Una paga a la que tendrán derecho todos aquellos que hayan estado más de 18 meses como parlamentarios. La prestación tendrá un máximo de 24 mensualidades.
El acuerdo alcanzado este martes por PP, Vox, Compromís y PSPV eso sí, establece un límite: no lo cobrarán aquellos que se incorporen a cualquier trabajo por cuenta ajena o propia (bien porque estuvieran de excedencia o porque tengan su propia empresa); tampoco los que sean funcionarios de carrera y vuelvan a su puesto en la administración; ni los que estén en edad de jubilación, según el acuerdo, los 67 años. Es decir, se establece una clara limitación para todos los que tengan garantizados unos ingresos inmediatamente después de que se disuelva la Cámara.
La prestación, según el acuerdo alcanzado y que ahora deberá pasar por la Mesa de Les Corts, será progresiva y la abonará el Parlamento, cuyo presupuesto para 2025 también fue aprobado este martes. Esto significa que además del tiempo mínimo que se requiere haber sido diputado para poder cobrarla (18 meses), la cuantía irá vinculada al tiempo que se ha ocupado el escaño: para cobrar 24 mensualidades, será necesario que el diputado o diputada lo haya sido por un periodo de 69 meses. Una proporción igual a la que se aplica a un trabajador por cuenta ajena.
Los diputados cobrarían lo equivalente a la asignación reglamentaria excluyendo, eso sí, los complementos derivados de los gastos de kilometraje, asistencia a plenos, portavocía en alguna comisión o cualquier otro tipo de dietas que tienen reconocidas sus señorías en el ejercicio del cargo. Es decir, que la cuantía se calculará sobre el salario base. Actualmente, los salarios de los diputados de la Cámara valenciana, excluyendo todo tipo de complementos, rondan los 50.000 euros brutos anuales aproximadamente.
Para poder cobrar esta prestación, según explicó el portavoz del PSPV, José Muñoz, los diputados deberán "aportar la vida laboral que acredite que se encuentran en situación de desempleo para que los servicios económicos de Les Corts realicen las comprobaciones pertinentes de manera que también se garantice que en caso de que se cobre alguna prestación con carácter indebido, estén obligados al reintegro".
Los partidos han encontrado esta solución a un problema que venía de lejos y al que legislatura tras legislatura trataban de dar solución sin éxito, dado que cada vez que se abordaba, las negociaciones acababan en enfrentamientos que dinamitaban cualquier principio de acuerdo. El momento elegido para abordarlo, conviene apuntar, tampoco era muy acertado, puesto que siempre se iniciaban las negociaciones a las puertas de las elecciones, lo que trasladaba en cierto modo una imagen negativa de que sus señorías buscaban hacerse algún tipo de "apaño", según fuentes parlamentarias.
Y es que, los parlamentarios no tienen derecho a cobrar el paro porque no cotizan a la Seguridad Social y para que lo hicieran sería necesario modificar el convenio especial de los Parlamentos autonómicos con la Administración, una potestad que recae en el Congreso de los Diputados. Este fue modificado en su día para garantizar que los concejales cobrasen la prestación por desempleo una vez cesaran en el cargo, pero no ocurrió lo mismo con los diputados porque a día de hoy seguían excluidos.
Con este escenario, el planteamiento que se realizó en otras legislaturas proponía que los diputados cobraran una indemnización, como perciben en otros parlamentos como el extremeño. Sin embargo, esta fórmula tampoco halló el consenso de todos los partidos y la cuestión quedó aparcada en su día.
Ahora, la solución acordada por los cuatro partidos con representación en la cámara es la prestación que sustituye a la prestación por desempleo a la que no tienen derecho y que será progresiva. Es una cuestión sobre la que existe cierta unanimidad, de hecho, logró cerrarse en cuestión de minutos.
Independientemente del partido al que se le pregunte, la mayoría considera que es "de justicia" que una vez finalice su paso por Les Corts, puedan percibir temporalmente unos ingresos para tener "una transición al mundo laboral igual de amable como la que tiene cualquier trabajador". Más aún, defienden, si se tiene en cuenta las incompatibilidades que adquieren tras ser parlamentarios a la hora de trabajar en las empresas privadas.
En este sentido, Muñoz defendió momentos después de la reunión que con esto se estaba "garantizando que las personas que se dedican a la política y que muchos de ellos han paralizado su actividad profesional" por haber sido elegidos como cargo público "no tengan un perjuicio económico para sí mismos, o para sus familias" tras tener un paréntesis en su trabajo.