Foto: Carme RipollésCASTELLÓ. El ex máximo accionista del Castellón, José Manuel García Osuna, ha salido bien librado en el juicio por el caso Castellnou tras recibir una condena de dos años de cárcel, que no tendrá que cumplir, y una indemnización de 120.720 euros al club.
Su pena queda muy por debajo de los nueve años y medio de prisión y 6,1 millones de euros de responsabilidad civil que reclamaba la Fiscalía por delitos continuados de falsedad en documento mercantil en concurso medial con apropiación indebida, falsedad en las cuentas anuales y alzamiento de bienes. Además, la reparación económica es muy inferior al millón de euros que ha acordado Antonio Blasco con el Castellón para evitar la cárcel.
La sentencia se ha conocido dos semanas después del proceso judicial que tuvo lugar en la Audiencia Provincial del Castellón y en el que estaban inicialmente imputados 11 antiguos dirigentes de la entidad albinegra acusados de crear una trama para desviar dinero generado por la actividad del club.
Seis de los imputados reconocieron su culpabilidad y llegaron a acuerdos económicos con el Castellón para evitar la cárcel, mientras que otros cuatro quedaron absueltos. Solo quedó García Osuna, quien no reconoció los hechos y quedó como único acusado a la espera de sentencia. Ésta se ha producido ya, y salvo recurso del condenado, pone fin a un proceso que inició hace 12 años Sentimiento Albinegro con su denuncia.
Los 120.720 euros de indemnización de García Osuna se suman a los 1,1 millones de euros que ingresa el club tras los acuerdos alcanzados con los seis acusados que se declararon culpables. Estos pactos no tuvieron la conformidad de Sentimiento Albinegro, que no fue consultado por el Castellón y solo fue informado cuando ya estaban prácticamente cerrados.
El importe principal corresponde a Antonio Blasco, con un millón de euros. Este dinero se empleará en la inversión de la futura ciudad deportiva del Castellón, según confirmó el club.
No obstante, la cantidad total que percibirá la entidad de la Plana es apenas una quinta parte de los 6,1 millones de responsabilidad civil que pidió la Fiscalía.
