CASTELLÓ. La Diputación y la Generalitat invertirán este año 1,8 millones de euros en las brigadas de mitigación de incendios. El presidente de la Diputación, José Martí, ha destacado la importancia del trabajo que realizan en la provincia de Castellón en materia de prevención de incendios.
Así lo ha manifestado este viernes en Vallibona, donde ha tenido ocasión de supervisar los trabajos que se están acometiendo en la CV-111 junto al alcalde, Juan José Palomo, los diputados provinciales de Bomberos y Carreteras, Abel Ibáñez y Santi Pérez, el subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, y la directora territorial de Presidencia en Castellón, Eva Redondo. La CV-111 es la carretera de acceso a Vallibona desde la N-232.
Según ha explicado Martí, la labor de las brigadas en el conjunto de la provincia "resulta fundamental desde el punto de vista de la seguridad de la ciudadanía, ya que al actuar en el interfaz urbano forestal, se dificulta la llegada del fuego a los pueblos y sus casas en caso de incendios".
Desde el pasado mes de agosto 70 personas prestan estos servicio en las distintas comarcas de Castellón, integradas en 13 brigadas. Su periodo de actividad se mantendrá hasta final de año, momento en el que se espera que ya se haya actuado sobre 300 hectáreas y 40 municipios.
Según Martí, "son trabajos igualmente muy importantes para la previsión de riadas en caso de fuertes lluvias".
Por lo que respecta a la intervención en Vallibona, el presidente ha explicado que "consiste en la protección de la carretera y la creación de una franja de seguridad para preservar la seguridad de la ciudadanía, de manera que en caso de incendio queden garantizadas la salida de los vecinos y la entrada de los vehículos pesados del Consorcio Provincial de Bomberos"
El servicio de las brigadas de mitigación se inició en 2017 por iniciativa de la Generalitat. La sexta temporada se iniciará entre enero y febrero de 2022. La Diputación de Castellón y Generalitat Valenciana han firmado recientemente un convenio de cuatro años de duración, que tendrá vigencia hasta 2025.