Gobierno y Generalitat defienden sus criterios para adjudicar contratos de emergencia

VALÈNCIA. Solvencia, disponibilidad de medios, arraigo con el territorio e, incluso, conocimiento de las infraestructuras a reparar han sido algunos de los criterios que tanto la Generalitat Valenciana como el Gobierno han establecido a la hora de adjudicar los contratos de emergencia para la reparación de obras en la provincia de Valencia tras la Dana. Unos parámetros que se suman, además, a la urgencia de iniciar los trabajos lo antes posible, por lo que el grueso de las compañías cuenta con un importante volumen de recursos para acometer de forma inmediata las actuaciones con el objetivo de recuperar cuanto antes la movilidad. 

Concretamente, este miércoles el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, subrayó que su departamento desde el principio ha priorizado en su elección a firmas que reunieran tres características: solvencia, disponibilidad inmediata y que fueran, además, locales de Valencia. En este sentido, defendió que lo más importante era escoger a mercantiles que pudieran acometer grandes actuaciones para que luego no les comunicaran que no podía realizar la obra o no tenía recursos. 

La disponibilidad inmediata de recursos también ha sido clave para que se pudiera actuar "en tiempo récord". En este sentido, puso como ejemplo el caso del bypass provisional, que estaba en marcha en 24 horas. Y esa agilidad no es algo que puedan ofrecer un gran número de firmas, algo que ha llevado a grandes compañías nacionales y locales a repartirse los primeros contratos de emergencia. De hecho, la proximidad y cercanía también ha sido un aspecto que ha pesado en la elección, según remarcó Puente, ya que el hecho de ser locales ha permitido tener medios "más disponibles y más pronto". Pero también, compromiso e implicación con su tierra.

"En una tarea como la pendiente, nadie mejor que la gente de Valencia para hacer frente a la reparación. Afortunadamente, hay muchas empresas y muy buenas y, de momento, la respuesta es estupenda. Lo único que hace es acreditar que los criterios elegidos han sido acertados", subrayó el ministro.

De esta forma, los primeros 30 millones del Gobierno se han adjudicado al gigante de la construcción CHM Obras e Infraestructuras y a dos potentes compañías valencianas como son Bertolín y Pavasal, con importante negocio, medios y recursos. Por su parte, otra local como es Rover se ha ocupado del restablecimiento de la alta velocidad.

En cualquier caso, esto ha sido una primera fase de urgencia e y no había oportunidad de valorar ofertas. No obstante, incidió en que ahora llevarán a cabo procedimientos "más abiertos", con tres ofertas que opten a las adjudicaciones, aunque sin "eternizar" los procesos porque "se trata de actuaciones para reponer cosas que existían y eran necesarias para la vida de las personas", remarcó.

Argumentos similares esgrimen desde la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. En este sentido, defienden que ha primado la capacidad y recursos de las compañías para poder acometer actuaciones de ese calado y volumen de trabajo. No todas disponen de esos medios, dado que el tejido empresarial valenciano está muy conformado por pymes, y la situación requería de agilidad. 

Asimismo, se ha buscado que sea un reparto equitativo y que no fueran dos o tres empresas las únicas que se repartieran las actuaciones. De hecho, en el caso de las carreteras de titularidad autonómica, de las siete obras más relevantes, ninguna firma repite. Y es que también se han asignado la reparación de vías a compañías que ya se encargan de su conservación, lo que garantiza conocimiento y experiencia sobre las características de estas carreteras. 

De esta forma, el departamento que dirige Vicente Martínez Mus ha confiado en CHM, FCC, Guerola, la UTE formada por la valenciana Torrescámara y Eslan, filial de OHLA, Becsa,  Etayo y Eiffage.