CASTELLÓ. La Conselleria de Hacienda reunirá entre este jueves y viernes a las empresas interesadas en la reforma de Borrull para que chequeen el inmueble, en desuso desde 2006, cuando se trasladó al personal funcionariado al nuevo Palacio de Justicia ubicado en el PAU Gumbau. Las visitas, habituales en licitaciones de obras y servicio, se realizarán a puerta cerrada y permitirán a las posibles concurrentes hacer consultas técnicas sobre el estado del edificio, que presenta importantes deficiencias estructurales por la falta de mantenimiento y el deterioro del paso de los años.
Al tratarse de un proyecto especialmente complejo, que supondrá la rehabilitación de un edificio de 12.445,30 metros cuadrados y cinco alturas, con sótano, semisótano y planta baja, las inspecciones resultarán esenciales para las licitadoras. Con mayores elementos sobre el calado y alcance de la restauración, podrán ajustar mejor sus ofertas, lo que les otorgará cierta ventaja sobre aquellas empresas que elaboren sus propuestas solo en función del pliego de prescripciones técnicas y administrativas.
El plazo de presentación de plicas finalizará el próximo 7 de diciembre. A partir de esa fecha arrancará la baremación, que concluirá el 13 de enero con la apertura del último sobre. Desde ese momento comenzará la cuenta atrás con vistas al inicio de los trabajos. De hecho, la previsión de la Conselleria pasa por iniciar la ejecución entre febrero y abril. De esta manera, se cumplirá el objetivo de reabrir el emblemático inmueble durante el segundo semestre de 2023, teniendo en cuenta que la construcción se alargará hasta los 22 meses.
La edificación de la plaza Borrull se levantó en 1970, con lo que acumula 50 años de antigüedad. Aunque las administraciones acometieron mejoras sustanciales en diferentes periodos, ninguna solucionó los problemas arquitectónicos y funcionales. Tanto es así que, ante el paulatino empeoramiento estructural, desde la Generalitat se consideró más adecuado habilitar una nueva infraestructura en 2006, mucho más moderna, para albergar los juzgados.
De forma generalizada el edificio muestra daños como lesiones derivadas de la presencia de humedad tanto por filtraciones como por fugas en las instalaciones. Esa ósmosis afecta a parámetros verticales y techos, con una mayor incidencia en la planta cuarta, sobre todo en la cubierta. Del mismo modo, existen fisuras en fachadas (fundamentalmente en los dinteles), particiones y revestimiento de techumbres. La inmensa mayoría de columnas y vigas evidencian notables desperfectos por la proliferación de grietas. El insuficiente recubrimiento, asimismo, provoca oxidaciones en las armaduras. Estas últimas anomalías se dan especialmente en el sótano.
La aprobación definitiva de la reforma de Borrull por parte Hacienda se produjo el pasado 29 de octubre. El proyecto, redactado por Vicente Puig, Servicio de Gestión Inmobiliaria, se eleva hasta los 14,99 millones de euros, cantidad a la que hay que sumar otros 3,14 en concepto de IVA (18,1 millones en total). La inversión se reparte en tres anualidades (2021, 2022 y 2023) y está sujeta a la existencia de crédito.
En este sentido, el Consell autorizó el 23 de octubre el incremento del límite para comprometer gasto plurianual. Esa modificación garantizó una reserva de 8,1 millones de euros, 13,7 millones y 2,2 millones en los sucesivos ejercicios a partir del próximo año. Ese montante de 24 millones de euros no significa necesariamente que el presupuesto actual se vaya a disparar en el futuro, pero sí asegura la consignación adecuada y necesaria para ejecutar la actuación en los plazos establecidos.