Foto: M. DYLAN/EPVALÈNCIA (EP/VP). El Ministerio de Hacienda ha rechazado facilitar a través del Portal de Transparencia y Buen Gobierno el informe de la Abogacía del Estado que, según asegura, avala recurrir a los objetivos de estabilidad presupuestaria comunicados a la Comisión Europea en abril en caso de que el PP vete en el Senado su senda de déficit. Alega que no debe poner en riesgo "el secreto" que debe acompañar la preparación de los nuevos Presupuestos.
En respuesta a la solicitud de un particular, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Subsecretaría de Hacienda deniega la petición del informe porque, al ser un texto relativo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y estar estos en fase de elaboración, podría suponer "un perjuicio para la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión".
La Abogacía General del Estado ha respondido en términos similares a una petición del citado informe a través del Portal de Transparencia y Buen Gobierno realizada por Valencia Plaza. La negativa de la Abogada General, Consuelo Castro, llegó después de retrasar la respuesta un mes adicional al que fija la ley como plazo máximo, acogiéndose al supuesto de que "el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario".
Hacienda alega que la publicación del informe difunde aspectos de la política económica del Gobierno, lo que podría dar lugar a que los operadores económicos "puedan anticipar comportamientos no deseados".
En este contexto, Hacienda opta por negar la petición acogiéndose al artículo 14 de la Ley de Transparencia, donde se estipula que el derecho de acceso a la información podrá ser limitado cuando suponga un "perjuicio para la política económica y monetaria".
Eso sí, tanto los objetivos de estabilidad presentados por el Gobierno y vetados a principios de febrero por el Senado, como los que incluyó en el Programa de Estabilidad que remitió en abril a la Comisión Europea, son conocidos y públicos, por lo que están a disposición de esos operadores económicos en los que se escuda.
La existencia de ese informe de la Abogacía fue anunciada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su reunión de diciembre con las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Montero explicó que el texto avalaba fijar los objetivos de estabilidad fijados en abril y remitidos a la Comisión Europea, los cuales suponen una menor capacidad de gasto para las comunidades y las entidades locales. Esto ocurriría si los objetivos aprobados por el Gobierno no conseguían prosperar en las Cortes hasta en dos ocasiones ante la mayoría absoluta del PP en el Senado.
En una primera tramitación, los objetivos consiguieron pasar en el Congreso pero no en el Senado. El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar los objetivos, de modo que volverán pasar por las dos Cámaras. Si se produce un nuevo rechazo en la Cámara Alta es cuando intervendría el informe de la Abogacía, según Montero. También sería cuando se conocería el informe, según confirmaron fuentes de Hacienda a Europa Press.
En el documento enviado al Portal de Transparencia, la Subsecretaría de Hacienda recuerda que es el artículo 134 de la Constitución el que fija el carácter anual de los Presupuestos Generales del Estado, así como la competencia del Gobierno para su elaboración y de las Cortes Generales para su examen, enmienda y aprobación.
Y es el artículo 135, reformado en 2011 por los dos grandes partidos, el que fija que el déficit estructural no puede superar los márgenes establecidos por la Unión Europea para sus Estados Miembros y el máximo establecido en los objetivos de estabilidad aprobados por Congreso y Senado.
"Esta obligación supone una limitación de la capacidad de gasto del Estado y, por ende, de la autorización de gasto que ha de contenerse en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado", recuerda Hacienda.
El Ministerio remarca que la incidencia de los Presupuestos Generales en la política económica es "incuestionable", no sólo porque es el principal instrumento de intervención de los poderes públicos en la economía general, sino por la magnitud del mismo.
Por ello, concluye que la determinación de cuáles son los objetivos de estabilidad que han de aplicarse, en la medida en que determinarán el volumen de gasto que puede autorizarse, tienen influencia directa en la política económica a desarrollar por el Gobierno, al establecer la dimensión que puede alcanzar su intervención directa en la economía.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
