CASTELLÓ. (EP). La consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha explicado que no puede determinar el número de personas afectadas ni detenidos por el cierre de una residencia ilegal de ancianos en Vinaròs ya que hay una investigación judicial en marcha, pero ha recalcado que su departamento ha ofrecido a todos los residentes una plaza en la red pública para que "no estuvieran desatendidos".
Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, se ha referido así a la actuación coordinada de hace dos semanas entre la Guardia Civil y la Policía autonómica, que ha permitido el cierre de una residencia ilegal en Vinaròs en la que había residentes, algunos de ellos "grandes dependientes", que se encontraban en situación de desatención y expuestos a "múltiples y graves riesgos de índole sanitaria, médica, asistencial, nutricional o arquitectónicos".
Al respecto, ha explicado que desde que se inició la investigación la conselleria estaba informada de esta operación y ha señalado que
"lamentablemente las ilegalidad existen en nuestra sociedad". Por ello, es "muy importante" que todas las personas que tengan que pedir atención para sus familiares o ellas mismas se aseguren que los centros están autorizados.
Oltra ha explicado que su conselleria dictó un decreto el que se regula el registro de entidades, servicios y centros, y la autorización y acreditación de servicios y centros de servicios sociales de la Comunitat Valenciana. "Cualquier centro que no esté registrado y autorizado se sitúa fuera de la legalidad", ha recalcado.
En ese sentido, ha advertido de que en los centros que no estén autorizados por la conselleria "se corre el riesgo, como en este caso, de que las personas estén desatendidas y no se las trate bien".
La vicepresidenta de la Generalitat ha aclarado que la conselleria no tiene competencias para perseguir delitos como este caso, que corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino de establecer protocolos para garantizar el buen trato en las residencias autorizadas como se aseguró que el decreto de esta primavera. Por ello, ha insistido en que todos centros deben estar autorizados y "si no lo están, es porque no están situación de legalidad".
