CASTELLÓ (EP). Las crecientes importaciones procedentes de terceros países que hunden los precios de la producciones, la amenaza y lucha contra las plagas normalmente importadas y la "brutal" subida de los costes de producción son algunos de los factores que asfixian a los agricultores de la Comunitat Valenciana, según el balance elaborado por La Unió de Llauradors i Ramaders.
A esto se suma la nueva PAC y una Ley de la Cadena Alimentaria "insuficiente", como aspectos que han marcado este año y que estarán también en el foco de la agenda en 2022, según un comunicado de organización agraria en la que realiza un análisis de la situación del sector.
La Unió ha criticado que la respuesta de las Administraciones ante estas cuestiones son, hasta la fecha, "escasas o nulas y de ahí las protestas realizadas" y si no cambia la situación, el próximo año 2022 puede ser "aún más caliente en calles y carreteras porque es necesario mantener un tejido profesional para el futuro en el sector agrario valenciano".
Sobre las importaciones, a pesar de los avances y de la presión ejercida, no hay constancia oficial sobre la modificación del acuerdo entre Sudáfrica y la Unión Europea y la posibilidad de introducir cambios para garantizar la seguridad fitosanitaria como el tratamiento de frío, como tampoco hay certificación de que se consideren los cítricos producto sensible en los tratados comerciales.
La Unió alertó hace unas semanas de la "ruinosa" campaña de la principal variedad de naranja valenciana, la navelina, por competencia del producto de Sudáfrica ya que las empresas importadoras no compraron naranja española hasta que se les agotó la del hemisferio sur.
La naranja nacional ahora compite "de forma desleal" en los mercados con las egipcias y turcas que llegan sin los mismos estándares de producción, se ofrecen a precios muy bajos y hacen saltar las alertas sanitarias por detección de pesticidas no está autorizado en la Unión Europea, según las mismas fuentes.
La escalada de los costes de producción durante este año ha sido "imparable", según la Unió que ha detallado que el encarecimiento de la electricidad, que se ha multiplicado por cinco, contagió luego al gasóleo agrícola, a los piensos y los fertilizantes (con una subida del 70%); es decir, a más de las dos terceras partes de los inputs que necesitan los agricultores y ganaderos.
"Un sector asfixiado por unos costes de producción que no paran de subir y una industria y una gran distribución que ejerce implacablemente su dominio en los mercados e imponen unos precios que no remuneran en absoluto el trabajo de aquellas personas que producen alimentos y que han sido esenciales en este tiempo de pandemia", ha indicado.
También suben los costes en la lucha contra las plagas ante la eliminación de sustancias activas desde Bruselas que luego se permiten a los productos importados, como el cotonet importado de Sudáfrica que ha elevado un 55% los costes de producción y causado pérdidas por valor de más de 200 millones de euros en los cítricos.
La Unió, que ha detallado que presentaron al Gobierno medidas reducir estos incrementos, ha advertido que si la Ley de la Cadena Alimentaria se respetase y las producciones se pagasen por encima de lo que cuesta producirlas, estas crisis no tendrían por qué haber saltado. "Pero la Ley de la Cadena, y sus reformas posteriores incluyendo ésta más reciente, son una gran decepción", ha suscrito.
Además ha destacado que el Ministerio de Agricultura ha enviado ya la propuesta inicial del Plan Estratégico de la PAC que tendrá más exigencias por una condicionalidad reforzada de obligado cumplimiento y más estricta. Sigue la tendencia de las últimas reformas: "cambiarlo todo, para que cobren los mismos, pero con menos presupuesto", ha indicado la Unió que ha incidido en que las ayudas no se priorizan claramente ni se potencia a aquella persona profesional que su único modus vivendi es la agricultura y/o ganadería y tampoco beneficia a los cultivos mediterráneos.
La Unió ha criticado la falta de agilidad de la Generalitat para resolver aspectos importantes que se arrastran desde hace casi tres décadas como es la pinyolà para el sector apícola, o las particulares cruzadas ideológicas contra la ganadería y el sector cárnico, como la protagonizada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Pero también las cruzadas de ecologistas urbanos de salón que demonizan el papel de la ganadería en nuestras zonas de interior con argumentos injustificados y desfasados
También considera "cruzada ideológica" la actitud de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, contra el agua para riego en la Comunitat y ha subrayado que las últimas actuaciones revelan una persecución por parte del Gobierno hacia las demandas hídricas y una desaparición paso a paso del trasvase de agua del Tajo al Segura.
En este sentido, La Unió denuncia la politización de los asuntos del agua "que no benefician en absoluto a los agricultores y la necesidad de reclamar agua suficiente y de calidad pues la contribución valenciana al conjunto de España es netamente superior a lo que se recibe en agua.
La presión cinegética por numerosas especies es elevada y por ello reclaman medios eficaces para controlar y reducir esta proliferación hasta niveles sostenibles para el medio, ya que los agricultores sufren un sobrecoste desmesurado.
Sobre la proliferación de grandes instalaciones solares, eólicas o torres de alta tensión se muestran a favor de las energías renovables, verdes y limpias, pero sostenibles, respetando el territorio, la agricultura y ganadería, el medio ambiente, el paisaje de las zonas rurales y revierta en beneficio de las zonas en las que instalen.
En cuanto a la reciente reforma laboral, la Unió cree que "desprecia" la realidad del campo, en relación a la temporalidad laboral ya que no se ajusta a las necesidades del sector y limitará bastante la capacidad de las explotaciones en la creación de empleo durante las campañas agrícolas.
