Impulso reformista o involución: llegan al pleno de Les Corts las cinco leyes de PP y Vox

CASTELLÓ (EFE). Las cinco leyes impulsadas por PP y Vox en la Comunitat Valenciana, sobre materias como la memoria histórica o el plurilingüismo, llegan la próxima semana al pleno de Les Corts, donde los socios de gobierno defenderán que son un "impulso a la agenda reformista" y la oposición, que suponen una "involución".

Las proposiciones de ley fueron registradas el 21 de marzo y, tras haber recibido el criterio favorable del Consell, pasarán el miércoles su primer hito parlamentario: el debate de su toma en consideración, que implica iniciar una tramitación cuyos siguientes pasos serán el proceso de participación pública y la presentación de enmiendas.

PP y Vox han acordado tramitar por urgencia -que reduce a la mitad todos los plazos- estas normas, con las que quieren sustituir la ley de memoria democrática por la de concordia y la de plurilingüismo por la de la libertad educativa, las que más polémica han generado y que la oposición amenaza con llevar a la justicia.

También se introducen cambios en la radiotelevisión pública valenciana, en las obligaciones de transparencia de los cargos públicos y, solo a propuesta del PP, en la Agencia Valenciana Antifraude, organismo del que Vox ha abogado por su desaparición.

La previsión es que las cinco normas queden aprobadas este periodo de sesiones, antes del verano, y se sumen a las tres leyes aprobadas en lo que va de legislatura: la que eliminó el impuesto de sucesiones y donaciones, la de presupuestos de la Generalitat para 2024 y la de acompañamiento, que se presentaron como proyecto de ley.

Una de las críticas de los grupos de la oposición, el PSPV-PSOE y Compromís, es que el PP y Vox hayan optado por la fórmula de la proposición de ley, por lo que no cuentan con informes del Consell Jurídic Consultiu ni del Comité Económico y Social, si bien los socialistas van a pedir informes a distintos organismos.

El PP ha replicado que el anterior Consell del Botànic presentó 36 proposiciones de ley, en las que se siguió el mismo procedimiento, y que durante las próximas semanas podrán presentar enmiendas "si algo no les gusta", sobre las que están abiertos a buscar acuerdos.

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No obstante, las críticas se centran principalmente en el contenido de estas normas, empezando por la llamada ley de Concordia, que en cumplimiento del pacto de gobierno que PP y Vox firmaron el pasado junio deroga la ley de memoria democrática de 2017 al considerar que "ataca la reconciliación" e impone una interpretación "unilateral" de la historia.

La nueva norma abarca desde 1931 a la actualidad, lo que para la oposición supone "blanquear el franquismo", y hará decaer todos los procesos iniciados y no concluidos de la ley vigente, menos las exhumaciones. Es una de las leyes que el Gobierno de España llevará a las instituciones europeas, como la de Castilla y León, por si viola derechos humanos.

Otra de las normas, según el PP la más importante porque afectará a más personas, es la que han denominado de libertad educativa -en la elección por los padres de la lengua de estudio de los hijos-, que sustituye la ley de plurilingüismo de 2018, que fijaba un mínimo del 25 % en castellano y valenciano para todo el alumnado.

Ahora se diferencia entre las zonas de predominio lingüístico castellano -donde el alumnado podrá acogerse a la exención del valenciano- y valenciano, donde se da un mayor peso a la lengua base durante las primeras enseñanzas, y también podría ser llevada ante la justicia por una oposición que cree que "declara la guerra al valenciano".

Las otras leyes se refieren al modelo de la radiotelevisión valenciana -y paraliza las oposiciones de À Punt hasta que se apruebe-; a transparencia e incompatibilidades -los cargos públicos ya no tendrán que publicar sus agendas y declaraciones de renta íntegras y se hace compatible ser alto cargo con pertenecer a un consejo de administración de una entidad "no pública"-, y a la Agencia Antifraude, donde se cambia la mayoría para elegir al director.

La oposición considera que estas leyes suponen "un asalto" para poner fin a lo avanzado en la Comunitat Valenciana los últimos años en democracia, derechos, libertades y lucha contra la corrupción, por lo que las van a combatir donde haga falta, incluso en los tribunales. "Que las lleven donde quieran, será un viaje corto de ida y vuelta", ha sido la respuesta del PP.