Incertidumbre fiscal, incertidumbre laboral

Recién entrados, ya de lleno, en los dos últimos meses del 2024, las empresas se enfrentan a un elevado número de cuestiones en su operativa habitual donde la planificación es clave y puede ser que incluso determinante.

Me refiero a cuestiones de índole financiera, fiscal, laboral, de estrategia, de inversión o de desinversión, etc.

Lógicamente, pienso en empresas que tienen un ejercicio ajustado al año natural y que en España resultan ser mayoría. Pues bien, el escenario actual en España para estas empresas no puede tener otro calificativo o denominador común que el de incertidumbre.

Y no es bueno para las empresas moverse en el terreno de la incertidumbre. Las empresas necesitan certeza y seguridad jurídica acerca del marco regulador donde desarrollan sus operaciones.

En España llevamos unos años donde se legisla a bandazos y de forma sorpresiva, atendiendo en ocasiones más a finalidades políticas o ideológicas que al crecimiento o bienestar de la economía nacional.

Así, son muchos los interrogantes que los empresarios se plantean en estas fechas y que pueden tener una incidencia en el resultado final del ejercicio 2024 o del  2025. Desgraciadamente manda más la coyuntura y la aritmética parlamentaria que una situación de estabilidad orientada al progreso.

Empezando por el Gobierno central, todavía no sabemos si se aprobarán Presupuestos Generales del Estado para 2025, no sabemos si finalmente se reducirá la jornada laboral a 37,5 horas / semana. Tampoco si se van a modificar las cuantías de las indemnizaciones para los despidos, ni cómo va a afectar la nueva cuota de solidaridad, especie de cotización extra que grava los salarios más altos sin que tenga un efecto en su futura pensión. A nivel tributario, no sabemos por qué no se deflacta la tarifa del IRPF (más progresividad en frío). Los tenedores de pisos turísticos temen una subida del IVA hasta el 21%; las socimis, que tributan actualmente al 0% en el Impuesto sobre Sociedades, si bien deben repartir al menos el 80% de dividendos entre sus accionistas, se prevé que pasen a tributar al tipo general del impuesto (25%), y las entidades destinadas al arrendamiento de viviendas también temen un castigo a su régimen fiscal más ventajoso.

Los impuestos extraordinarios y temporales a la banca y a las energéticas mantiene enfrentados al Gobierno, que los quiere hacer permanentes, y a los sectores afectados que pretenden lo contrario. Este debate amenaza con la retirada de inversiones por parte de alguna gran empresa energética. Recordemos que el Impuesto temporal de solidaridad para las grandes fortunas nació también de forma temporal para los ejercicios 2022 y 2023 y se convirtió posteriormente en indefinido.

Todo ello, con elevada probabilidad, tiene que ver con la reforma tributaria que exige la UE para acceder al quinto desembolso de los fondos europeos Next Generation y que nuestro Gobierno va a articular incrementando la carga fiscal al menos cuatro puntos porcentuales del PIB e ingresando 60.000 millones más en las arcas del estado al margen del plan presupuestario.

En resumen, todo apunta a que en 2025 vamos a pagar más impuestos.

A nivel autonómico, vamos a seguir siendo los líderes con el marginal más alto en la tarifa autonómica del IRPF y todavía no se modifica el mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio (IP) . Es decir, no se vislumbran cambios en el IRPF y en el IP salvo alguna modificación de menor calado en el capítulo de deducciones autonómicas. Podemos afirmar, por tanto, que la convergencia hacia la media estatal va a tener que seguir esperando.

Por último y a nivel local, no puedo cerrar esta nota sin mencionar la nueva tasa de basuras que se anuncia que tendremos que pagar los valencianos en 2025 y cuya subida promedio está en el 23%. Ciertamente esta tasa, para financiar al completo el servicio de recogida de residuos, proviene de una norma estatal. Pero no es menos cierto que los paganos siempre somos los mismos. Paganos a los que nos gustaría que algún día la reducción del déficit público viniera más por el lado del gasto público que por el de crecimiento de los impuestos.

Antonio Ballester Sánchez es CEO de Vitruvio Consultores