Imagen de archivo. Foto: ROBER SOLSONA/EPCASTELLÓ (EFE/MARÍA LÓPEZ). La ruptura del Partido Popular y Vox en seis autonomías ha llevado a desencuentros, reproches y ahora, tres meses después, provoca que la incertidumbre tiña la negociación para los presupuestos de 2025, aunque los presidentes del PP tienen un as bajo la manga: la prórroga presupuestaria.
Al divorcio con el partido de Santiago Abascal, un 11 de julio, los presidentes en Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, Aragón, Región de Murcia y Baleares llegaron con el presupuesto de 2024 aprobado y esas cuentas, con sello PP, son las que podrían extenderse si los antiguos socios no logran entenderse.
Tras la separación, los presidentes del PP señalaron que su apuesta era seguir gobernando, sin nuevas elecciones, pero en todas sus autonomías las cuentas dependen de los votos de Vox, aunque en regiones como Baleares y Murcia el partido de Abascal tendría que sumarse a la izquierda para impedir su aprobación.
Conseguir su respaldo será complejo porque Vox ha anunciado que solo apoyará los presupuestos si por parte del PP hay un "rechazo explícito" del reparto de menores migrantes y la formación de Alberto Núñez Feijóo ha rechazado esta condición.
Sin embargo, aunque la prioridad es que haya nuevas cuentas, la prórroga presupuestaria no es "un drama". La expresión la ha empleado el síndic de Vox en Les Corts Valencianes, José María Llanos, y resume el actual escenario, aunque precisamente en esta autonomía no se ha vivido una prórroga presupuestaria en los últimos 35 años.
En otras, como Castilla y León, el desencuentro entre PP y Vox anima el panorama electoral porque la legislatura acaba antes, en 2026, y la posibilidad de un adelanto está más abierta que nunca por el previsible desencuentro en la votación de las cuentas.
Sin embargo, el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, no logró el resultado que esperaba cuando llamó anticipadamente a las urnas en 2022 y hay recelo a convocar en solitario, sin que las elecciones autonómicas coincidan con más citas electorales, pero en su equipo especulan con la opción de que Pedro Sánchez anticipe y resuelva esa soledad electoral.
A la negociación PP y Vox llegan después de tres meses de mucho ruido y algunos cambios en las políticas, porque los populares, que siempre quisieron gobernar en solitario, han dejado, en algunos casos, de sentirse vinculados a los acuerdos suscritos en las investiduras.
Es lo que ha ocurrido en Extremadura, donde María Guardiola ha metido en el congelador la Ley de Concordia, que iba a sustituir a la de memoria, y ha rechazado el pin parental de sus anteriores socios. En su caso, lo que no ha cambiado es el Gobierno, porque el consejero de Vox, Ignacio Higuero, se quedó a su lado. Vox la califica de "okupa" porque sin sus votos no hubiera sido presidenta.
A la papelera se ha ido también la ley de concordia pactada en Castilla y León, entre acusaciones de traición de Juan García-Gallardo (Vox), que hasta la ruptura era el vicepresidente de la Junta. Y en un cajón se quedará también la anunciada ley contra la violencia intrafamiliar. Y pese a ello, los puentes siguen tendidos.
En otros territorios la minoría parlamentaria del PP ha llevado a un juego de equilibrios forzoso.
Un ejemplo es Baleares, donde Marga Prohens, al frente desde el inicio de un Govern monocolor, ha tenido que lidiar con la división interna de su anterior aliado parlamentario. El PP debe negociar con cuatro fieles a Abascal, dos disidentes y dos no adscritos.
En este marco, los populares baleares han mantenido en la presidencia del Parlament al oficialista Gabriel Le Senne, pese a estar imputado por un delito de odio, pero por otra parte han tumbado el llamado pin parental.
En la Región de Murcia, el PP ha dado cumplimiento a su pacto con Vox y ha cerrado el Consejo de Transparencia, sustituyéndolo por un comisionado, con su aliado ya fuera del Gobierno.
En la Comunitat Valenciana, Vox ha seguido negociando en aquellas cuestiones que, dicen, "difícilmente" asumiría la izquierda, mientras que en Aragón los antiguos compañeros de Gobierno han tenido choques a cuenta de las lenguas.
La inmigración es el denominador común para los encontronazos en todos los territorios. Pese al rechazo de Vox, los barones del PP aceptaron la acogida de menores migrantes y la postura se mantiene, aunque el reparto forzoso por todo el país no se ha impuesto hasta el momento, porque el Gobierno y el PP no logran ponerse de acuerdo para reformar la ley de extranjería.
Otra máxima ha guiado las relaciones de la antigua pareja. Figura en el manual de 'primero de política': el argumento de la falta de autonomía, que PP y Vox se han cruzado en estos meses, acusando al contrario de actuar siguiendo las directrices que su partido manda desde Madrid.
Y pese a estas precarias relaciones, y el continuo intercambio de reproches, tres meses después perviven las alianzas en 140 municipios, aunque Vox mantiene vigente el aviso de que también en las localidades podría optar por la separación.
