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tendrá que darles de alta como trabajadores del ente

Inspección de Trabajo reconoce la cesión ilegal de 14 operadores de cámara en À Punt

9/11/2022 - 

VALÈNCIA. À Punt ha empezado la semana a revés por día. Si el lunes Antifraude ponía en duda la contratación de la jefa de meteorología y pedía un calendario para la provisión definitiva de los puestos reflejados en el RPT de À Punt cubiertos de manera temporal, este martes llegó la resolución definitiva de la Inspección de Trabajo que da la razón al Comité de Empresa en la reclamación por supuesta cesión ilegal de trabajadores en el programa A La Ventura, durante la temporada 2021/2022.

El origen de la denuncia se sitúa en los ensayos del programa, previo a su estreno, cuando À Punt contrató a operadores de cámara a través de la empresa de suministros Virtual Lemon. Según rubrica el documento de Trabajo, al que ha tenido acceso este diario, “durante el ejercicio de sus funciones, estaban a las órdenes del personal de la SAMC [Sociedad Anónima de Medios de Comunicación], que es quién además les facilitaba los equipos necesarios para el desempeño de sus tareas y fijaba las horas de trabajo”. Además, “estos trabajadores se limitan a enfocar con las cámaras que la SAMC ponía a su disposición a las partes del plató que los empleados de la SAMC les indicaban, siendo posteriormente los trabajadores de la SAMC los que realizaban el montaje y emisión de las imágenes”. 

Esto, sumado a que “de manera habitual, los trabajos de operador de cámara se ejercen por personal propio de À Punt (como ocurrió en temporadas previas de este programa cuando solamente se emitía un día a la semana) o incluso se ha eliminado esta figura siendo sustituida por robots manejados directamente por personal de la SAMC”, hace concluir a la Inspección de trabajo a que los operadores de cámara no actuaban ni con autonomía e independencia ni siquiera aportaban material propio.

La inspección entiende que À Punt sobrepasó las condiciones para la contratación de hasta 14 trabajadores y trabajadores como autónomos (ya que no lo eran en absoluto), y que, de hecho, ni siquiera se podría entender como una externalización, por la relación directa del resto de organigrama del programa con la radiotelevisión pública.

'A La Ventura'. Foto: À PUNT

Por ello, Trabajo ha comunicado a À Punt “el alta de estos empleados de oficio como trabajadores por cuenta ajena de la SAMC, y a extender acta de liquidación por falta de cotización”, por lo que ahora el ente tiene que abonar la diferencia entre lo que cobraron y lo que deberían haber cobrado, según el convenio colectivo de la empresa, y adeudan a la Seguridad Social también la respectiva variación en sus cotizaciones.

La investigación fue la última lanza que provocó la cancelación del programa

Los trabajadores de Virtual Lemon, en realidad, no estuvieron solo contratados para A La Ventura, que fue durante la pasada temporada el único programa diario de producción propia más allá de los informativos en la televisión. La empresa fue la ganadora de una licitación que la SAMC publicó en marzo de 2020 para el “Servicio de explotación y mantenimiento del equipamiento propiedad de la
SAMC/CVMC”. Según la memoria informativa, la ejecución de dicho contrato se refiere a la contratación de trabajadores, y no al alquiler de ninguna equipación tecnológica. Se adjudicó por un valor de 136.500,1 euros.

La denuncia del comité de empresa se hizo pública en la Comisión de Radiotelevisión Valenciana de Les Corts, y, en su respuesta, Alfred Costa admitió que la falta de equipo técnico humano es el gran hándicap de la cadena y que “aprovecharían el caso para reflexionar” sobre las posibles consecuencias de esto y las posibilidades reales de À Punt para asumir su propia programación. 

De hecho, fue una de las razones que precipitaron la cancelación del formato, que fue una de las principales apuestas de esa temporada de À Punt, provocando así un baile de nombres en toda la parrilla de la televisión y la radio.

A preguntas de Culturplaza, À Punt expresa que, de manera oficial, aún no ha recibido la documentación citada, por lo que han optado por no hacer declaraciones valorando el informe y sus posibles consecuencias.

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