Intervención alerta de nuevo de irregularidades en personal y contratos en Emergencias

VALÈNCIA. La empresa pública encargada de la gestión de las Emergencias vuelve a suspender en su gestión. El Informe de Auditoría de la Sociedad de Gestión Integral de Servicios de Emergencia (SGISE) elaborado por Intervención General de la Generalitat correspondiente al pasado ejercicio detecta múltiples irregularidades en materia de personal y contratación, tal y como ya ocurrió en 2022. A pesar de que la sociedad ha cumplido con varias recomendaciones por entonces planteadas por la Intervención, algunas deficiencias se han prolongado hasta el presente. 

Desfavorable en personal y contratación

En dictamen de Intervención es claro: la SGISE obtiene una valoración desfavorable en materia de personal y de contratación, mientras que en operaciones de tesorería obtiene el visto bueno, pero con salvedades. La empresa de bomberos, no obstante, ha atendido tres de las irregularidades que Intervención encontró en su Informe de 2022, una de ellas sobre los encargos a Tragsa para la prestación de diferentes servicios.

En materia de personal, Intervención recuerda, tal y como ya había hecho en informes anteriores que la sociedad no está adherida a ningún convenio colectivo ni tiene uno propio, por lo que se siguen aplicando de forma transitoria los que había en el momento de la creación de la sociedad en 2018. La empresa de bomberos también recibe un 'tirón de orejas' en la Promoción Interna Temporal de la entidad, ya que los supuestos aplicados en el procedimiento "exceden de las previsiones" del convenio colectivo que aplica a día de hoy a la sociedad.

También se detectan varias irregularidades en los complementos, dietas y asignaciones. Por un lado, Intervención reitera que las nóminas de los empleados tienen conceptos como el "Plus Ayuda Comedor", considerados como ayuda de acción social y que, por tanto, incumplen las previsiones de la Ley de Presupuestos. Además, el abono de gastos de kilometraje (de 0,26 euros/km) supera el importe que establece el Decreto 24/1997 de indemnizaciones por razón del servicio.

A ello añade que, en uno de los casos de la muestra analizada en el concepto de dietas e indemnizaciones, existe una indemnización por cese que ha sido incluida en este apartado incurriendo así en un error en el modelo 190. También en este apartado denuncia la existencia de un importe abonado en concepto de guardias que, "al menos para el supuesto analizado" no está acreditado en las nóminas aportadas.

Ajustes en indemnizaciones y gestión de personal

Ante todo ello, Intervención insta a la SGISE a autorizar de forma previa las indemnizaciones por razón de servicio y ajustarlas al Decreto mencionado. También pide que ciña la gestión de su personal a las previsiones de la Ley de Presupuestos, así como que revise los conceptos retributivos que puedan ser ayudas de acción social con el objetivo de verificar su ajuste a la ley. 

Por otro lado, en materia de contratación señala que "es generalizado" que las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses no comprendan a todas las personas que han participado en el proceso de licitación o puedan influir en su resultado. Además, en ninguno de los expedientes de contratos no menores está publicado el perfil del contratante. 

Intervención también indica que seleccionó uno de estos expedientes "para comprobar la efectiva ejecución del servicio contratado", pero la SGISE comunicó no tener la documentación requerida para ello. Entre otras cuestiones, también revela que de forma general no existe solicitud a la Abogacía General para la externalización de asesoramiento en derecho. 

Valorar la "fusión" o "supresión"

Ante estas situaciones, Intervención ha elaborado una serie de recomendaciones, tales como el hecho de conservar la documentación necesaria para acreditar la correcta ejecución de las contrataciones, "extremar el cuidado" para que consten las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses o acreditar el momento en el que los contratistas presentan facturas "a fin de determinar el comienzo del cómputo del plazo legal de pago". 

Mientras que, sobre los gastos de asesoría, auditoría y consultoría, recomienda "evaluar la necesidad de continuar incurriendo" en los mismos. Y plantea valorar si su carácter estructural puede conllevar "la necesidad de su fusión" con otra entidad pública o bien "su supresión y la asunción de sus actividades" por la Conslleria de la cual depende, actualmente, Justicia e Interior.

Respecto a las operaciones de tesorería, donde la valoración es favorable con salvedades, Intervención señala que la SGISE tiene tres cuentas bancarias a su nombre, pero solo costa información de dos de ellas en Gestesoro, herramienta de gestión y mantenimiento de las cuentas bancarias de la Tesorería de la Generalitat. Esta cuestión "ha supuesto una limitación al alcance" de los trabajos de autoría de la gestión de la tesorería de la sociedad.

Además, Intervención señala que no consta que la entidad haya consultados los datos de los terceros destinatarios de la Base de Datos Corporativa (BCE) de la Generalitat. Por ello, insta a la SGISE a solicitar acceso a la misma "a los efectos de poder consultar los datos de terceros con carácter previo a la salida de fondos". 

Irregularidades subsanadas

Emergencias, eso sí, ha atendido a tres recomendaciones que figuraban en el informe de auditoría del anterior ejercicio. Una de ellas es que la SGISE, a diferencia de lo ocurrido en 2022, obtuvo autorización de la Dirección general de Presupuestos de la Generalitat Valenciana a su masa salarial para el ejercicio 2023.

Por otro lado, en 2022 se detectó que la empresa de bomberos contrató personal de forma previa a la autorización de la Dirección General de Presupuestos. Además, fichó a 181 personas, más del doble que el máximo permitido, de 80 empleados. Este año, por contra, Intervención subraya que "la entidad ha contado con la autorización previa de la Conselleria con competencias en materia de hacienda" para esta cuestión. 

La tercera recomendación con la que la SGISE ha cumplido es especialmente relevante, pues supone el fin de los servicios encargados a Tragsa desde abril de 2019 (pocos meses después de la constitución de la SGISE) y que Intervención ya denunciaba en su anterior informe que "no considera justificadas" las circunstancias en las que la sociedad se basaba para mantenerlos activos. En este sentido, el consejo de administración de la SGISE acordó en diciembre el fin de la vigencia de los encargos a Tragsa, cumpliendo así también con las recomendaciones realizadas por la Sindicatura de Comptes. 

En este punto cabe añadir que el pasado mes de enero el consejo de administración aprobó de nuevo un encargo a esta firma para la movilidad y mantenimiento de la flota de vehículos, de "vital importancia" para el correcto funcionamiento de la empresa de bomberos. La entidad subrayó que esta era "la única vía posible" para "garantizar la operatividad del servicio". El encargo contó con el visto bueno de Abogacía de la Generalitat y, según informó la SGISE en su momento, cumple con las recomendaciones de Intervención y de la Sindicatura de Comptes. En cualquier caso, Intervención aún no ha auditado este contrato al formalizarse en enero del presente ejercicio.