No sorprendo a nadie si digo que la intervención del Estado en el mercado de la vivienda no solucionará el problema de su precio y del acceso a la misma. Me lo habrán leído en las redes sociales, consta en el diario de sesiones del Congreso en múltiples intervenciones y el otro día lo dije en una entrevista en la radio televisión pública valenciana. Sin embargo, uno de los contertulios del programa donde me entrevistaban se quedó con ganas de que dijera más cosas, incluso de que detallara las medidas que para un liberal deben ser las adecuadas.
Creo que es interesante que en estas líneas reflexione sobre lo que, en mi opinión, en opinión de los liberales, sería desarrollar medidas efectivas para conseguir el objetivo perseguido por el Gobierno -y compartido por todas las fuerzas políticas- que no es otro que garantizar el acceso a una vivienda de alquiler asequible.
A pesar de lo que establece el artículo 47 de nuestra Constitución, que obliga a los poderes públicos a orientar las políticas económicas y, en materia de vivienda, a facilitar el acceso los ciudadanos, lo cierto es que desde el año 1978 no ha existido ningún tipo de planificación en las políticas de vivienda por parte de la Administración Central y de las comunidades autónomas.
El resultado de esta falta de planificación y de malas políticas públicas ya lo saben: tenemos un enorme problema de acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes y las personas más vulnerables en términos económicos. A su vez, este problema es especialmente evidente en las ciudades que concentran un mayor número de población.
Como decía, esta situación afecta especialmente a los jóvenes. Con un desempleo juvenil que ronda el 35% y el elevado precio del alquiler en algunas de las principales ciudades del país, conseguir desarrollar planes de vida tan básicos como independizarse, encontrar un trabajo estable o formar una familia se han convertido en actos tremendamente difíciles para nuestros jóvenes.
Y ante esto no podemos permanecer impasibles. Pero limitar por Ley el precio del alquiler, como han acordado PSOE y Unidas Podemos en el seno del Gobierno, no arreglará la situación. Al contrario, la experiencia en otros países demuestra que esta medida acarreará graves consecuencias para el sector de la vivienda que, inevitablemente, repercutirá de forma negativa en los propietarios y en los inquilinos.
La Ley de Vivienda acordada por Sánchez y sus socios no soluciona el problema estructural que sufre el sector en España, que no es otro que la falta de oferta de vivienda en alquiler. Y, como ya se ha demostrado en otras ciudades europeas, esta regulación reduce la oferta ya que supone un golpe a la seguridad jurídica de los operadores del mercado, la amplia mayoría de ellos particulares y familias, lo que afectará a las inversiones futuras en el parque de vivienda.
Entonces, ¿qué podemos hacer? En Ciudadanos proponemos medias dirigidas a cumplir cuatro objetivos:
En primer lugar, abogamos por aumentar el parque público de vivienda en alquiler con el fin de multiplicar por 5 el número de viviendas en este régimen, pasando del 3% actual a aproximadamente el 15%, en línea con los países de nuestro entorno. Para ello, proponemos un programa para el reacondicionamiento de viviendas del mercado libre con el compromiso por parte de los propietarios de ceder el uso a las Administraciones para su puesta a disposición de programas de vivienda en régimen tasado.
También queremos promover la colaboración entre administraciones y movilizar suelo público para la construcción de vivienda en alquiler asequible, así como desbloquear todos los desarrollos urbanísticos.
En segundo lugar, proponemos eliminar las barreas que dificultan el acceso a una vivienda en régimen de alquiler a los ciudadanos, especialmente a los más jóvenes. Por ejemplo, que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato sean a cargo del arrendador.
También defendemos que se establezcan los mecanismos necesarios para que el arrendatario de la vivienda sea conocedor de los gastos efectivos que asume el arrendador como el Impuesto sobre bienes inmuebles, los seguros contratados parar el hogar y demás impuestos y tasas que asume el propietario del inmueble a lo largo del año natural. Y, por supuesto, tramitar los procedimientos de ayudas al alquiler de forma rápida y eficaz, sin trabas burocráticas y sin necesidad de que el solicitante tenga que aportar documentación que la administración posee, procediendo al pago de la ayuda sin demoras.
En tercer lugar, impulsar incentivos fiscales y cambios normativos que faciliten la creación de un parque de vivienda de precio protegido a través de la inversión pública y la colaboración público-privada. Medidas fiscales como la deducción del 90% en el IRPF por viviendas que se cedan a la Administración pública o entidad del tercer sector para programas públicos de vivienda que limite la renta del alquiler. O la deducción del 60% en el IRPF para aquellos nuevos contratos de arrendamiento a jóvenes de entre 18 y 35 años, condicionada a que el precio del contrato suponga una rebaja significativa relativa al precio de mercado en la región o zona de la que se trate.
Debería fomentarse la contratación de seguros que cubran cualquier contingencia relacionada con los daños que pueda sufrir la vivienda mientras se encuentre alquilada como alternativa al pago de fianzas por arrendamiento. O, incluso, como hemos propuesto en la Comunitat Valenciana, que la propia Generalitat asuma el pago de un seguro que garantice al arrendador el pago de las rentas de alquiler.
Por último, las Administraciones deben liderar una lucha decidida contra la ocupación ilegal, agilizando la recuperación de la vivienda ocupada por sus propietarios. A su vez, hay que poner en marcha un plan eficaz y concreto para recuperar de forma urgente la titularidad de aquellas viviendas del parque público que estén ocupadas ilegalmente o sin título posesorio en vigor.
En definitiva, hay un amplio abanico de soluciones, de medidas que ya han demostrado su utilidad. Medidas que no tienen nada que ver con el populismo y la ideología, sino con el compromiso firme por garantizar el acceso a la vivienda al conjunto de valencianos y al conjunto de todos los españoles. Ese es el objetivo que tenemos los liberales españoles y por lo que seguiremos trabajando de forma incansable.