Javier Barceló: "El derecho civil era técnicamente muy bueno, el TC anuló más de lo impugnado"

ALICANTE. La Associació de Juristes Valencians (AJV) y su presidente, José Ramón Chirivella, no bajan los brazos. Tras el acuerdo PP-PSOE para limitar la reforma constitucional a la supresión del término "disminuido", que en principio dejaría fuera la vía de la disposición adicional segunda para recuperar la capacidad de la Generalitat para legislar en materia de derecho civil, la asociación sigue empujando para mantener viva la reclamación. Y, sin descartar que aún pueda salir adelante en la ponencia de la comisión constitucional (Podemos así lo pide, como Compromís), sobre la mesa hay otras opciones si al final esta no es la buena.

Por ese motivo, la AJV organizó este miércoles en Alicante, en la librería Pynchon & Co., una tertulia con el propio Chirivella y el catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Alicante (UA) Javier Barceló, uno de los mayores expertos en la materia y miembro de la comisión de codificación que participó en la redacción de la reforma del Estatut de 2006 que recogía la competencia legislativa, así como en las sucesivas leyes aprobadas a partir de entonces (régimen matrimonial, uniones de hecho y custodia compartida) y anuladas por el Tribunal Constitucional. La tertulia fue moderada por el autor de estas líneas.

Barceló, que ha vivido de cerca tanto la recuperación del derecho foral y su intento de desarrollo como su posterior derogación por el Constitucional, defendió que "el derecho civil valenciano era técnicamente muy bueno y se adelantaba a su tiempo, porque regulaba cosas que el derecho estatal no había resuelto: la remuneración del trabajo doméstico en caso de divorcio, con un baremo objetivo, o los derechos sucesorios". En el caso de la custodia compartida, "que luego copió el País Vasco", fue también pionero. "La custodia individual era la excepción y el juez debía motivarla si la dictaba". 

Estas normas, vigentes entre 2008 (cuando el Gobierno de Zapatero presenta el primer recurso de inconstitucionalidad contra la ley de régimen matrimonial) y 2016, cuando se anulan en cascada las tres y las sentencias arrebatan de facto la capacidad de legislar a la Comunitat (aunque la competencia sigue en el Estatut), afectan aún a 300.000 personas que se casaron, unieron de hecho o acordaron la custodia de los hijos en dicho periodo, dado que el fallo no es retroactivo. "Esa es la fuerza de este cuerpo legal", defendió Chirivella. Asimismo, sigue en pie la ley de contratos agrarios, porque al contrario que las otras es consuetudinaria (que eleva a ley la costumbre) y está permitida por el fallo del TC. 

El catedrático alicantino recordó que en 2007, el entonces ministro Manuel Chaves y el secretario de Estado Gaspar Zarrías pactaron con Serafín Castellano, conseller encargado del desarrollo estatutario, la retirada de unos determinados artículos de la ley de régimen matrimonial, que eran los conflictivos. Así se acordó y la ley se reformó en 2008 para cumplir el acuerdo de la comisión bilateral. Pero el Gobierno no retiró el recurso en el TC, que sin suspender la aplicación de la ley, la anuló ocho años más tarde. "El propio Tribunal reconoce que el recurso es extemporáneo, pero sin embargo deroga toda la ley, cuando lo que se le pedía era que valorase una parte de la misma", lamentaron Chirivella y Barceló. "Ha habido un trato claramente distinto a la Comunitat respecto a otras autonomías".

Llegados a este punto, y si la disposición adicional segunda que plantea Juristes Valencians (y que apoyan 542 entidades locales de la Comunitat, Les Corts y numerosas instituciones, "un grado de apoyo mayor al que pidió la autonomía en 1978") no logra formar parte de la reforma que ahora se plantea, aún caben opciones. La primera, según Barceló, es saltarse las sentencias y legislar. "El Constitucional, cuya composición se ha renovado ahora, puede cambiar de criterio", aventuró. "Probemos a hacer una ley, aunque sea modesta, y a ver qué pasa: si la impugnan o no, y en ese caso qué dice el Tribunal". A su juicio, el argumento de permitir el derecho civil propio solo donde estuviese compilado en 1977 es endeble, y podría darse este cambio de postura. Otra opción es "lograr una cesión de competencias" por el Estado, con un acuerdo político.

Pero antes, la comisión constitucional debe debatir y aprobar una ponencia, y las enmiendas que presenten los grupos. Podemos ha renunciado a una reforma de calado (en línea con sus postulados) y se conforma con el término "disminuido" y el derecho civil valenciano. ERC se aparta de la partida. Y las enmiendas de PNV, Cs o Vox son fácilmente rechazables solo con los votos del del PP, al requerirse tres quintos de la Cámara. Chirivella es optimista, pese a todo (más tras la reunión de Bolaños y Echenique), pero también firme. "Si votan allí lo que dijeron aquí, tenemos 252 votos" frente a los 210 necesarios. Y si el PSOE no lo apoya, "se ha incumplido el Pacto del Botànic y debería romperse".