Justicia elimina las barreras arquitectónicas del juzgado de Segorbe... un año después

CASTELLÓ (EP). La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública ha invertido 107.017,2 euros para eliminar todas las barreras arquitectónicas de la sede judicial de Segorbe para garantizar la máxima accesibilidad en el edificio para las personas con diversidad funcional. Lo ha logrado un año y dos meses después de licitar los trabajos, que tenían un plazo de ejecución de tres meses. 

Las obras incluyen un ascensor, aseos accesibles y la reorganización de distintas dependencias del inmueble de la calle Fray Bonifacio Ferrer que ha servido para ampliar el espacio de la Secretaría civil, ha indicado la Generalitat en un comunicado. Asimismo, se ha instalado un mostrador accesible con sistema de bucle magnético para facilitar la escucha a personas sordas o que usan audífono y se ha habilitado una nueva sala multiusos y reordenado los despachos del personal forense y los espacios del personal de la abogacía y la procuradoría.

La actuación garantiza la accesibilidad universal a las personas con diversidad funcional y, por lo tanto, su derecho a la justicia, destaca el comunicado. Estas actuaciones forman parte del Proyecto Justicia Accesible e Inclusiva que se presentó el pasado mes de febrero y que tiene como objetivo la eliminación de barreras arquitectónicas en las sedes judiciales.

Para ello, se instalarán medidas que garanticen la plena inclusión y la accesibilidad de las personas con movilidad reducida, dificultades sensoriales o cualquier tipo de discapacidad. Este programa incluye reformas inmediatas para subsanar las deficiencias detectadas en las sedes, como puertas, rampas, ascensores y aseos, y también incorporar señalética accesible en braille y en lengua de signos.

El Modelo Valenciano de Justicia Accesible e Inclusiva garantiza los derechos de todas las personas con discapacidad que representan el 6% de la población que vive en la Comunitat Valenciana. Desde la Conselleria de Justicia destacan que se trata de un modelo pionero en España, que se adelanta a la Ley 8/2021, como con el proyecto de sentencias accesibles. Además, cuenta con el apoyo y la colaboración de los operadores jurídicos y las asociaciones y entidades de los colectivos que representan de las personas con discapacidad: Cermi, Plena Inclusión CV.