Justicia tardía no es Justicia

Se atribuye al famoso filósofo, político y pensador Séneca, la frase de que “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía.”

Nacido en Córdoba, en la entonces provincia de Bética en la Hispania romana en torno al año 1 d.C., no sabemos si se sorprendería si, 20 siglos después, conociese cuanto de actual tiene su reflexión.

La situación de la Justicia en nuestro país padece de un endémico colapso que supone que, a día de hoy, respecto a los procedimientos que se inician se programan actuaciones para dentro de dos años como poco.

Los abogados lo venimos denunciando desde hace años. La Justicia es la gran olvidada. No dispone de recursos suficientes. A nadie parece preocupar.

Lo ilustraremos con un caso real de los juzgados contencioso-administrativos de Castellón. Una madre, ante el nacimiento de su hijo con una grave enfermedad crónica que precisa cuidados constantes consistentes en la necesidad de alimentación por vía oral a través de sonda nasogástrica y que ve denegada su solicitud de reducción de jornada, formula una demanda en septiembre de 2020. El procedimiento que se sigue es el denominado “abreviado”, que no establece más trámite que el propio juicio. Pues bien, la fecha del juicio se fija para marzo de 2022. Un año y medio de demora para que esta madre pueda ver reconocido su derecho. Obviamente el derecho a la conciliación cercenado. El derecho del hijo a poder recibir los cuidados de su progenitora impedidos.

"En los juzgados mercantiles de Castellón, concursos de acreedores abreviados pueden llegar a demorarse más de diez años".

En los juzgados mercantiles de Castellón, concursos de acreedores abreviados pueden llegar a demorarse más de diez años, como fue el caso del que afectó al concesionario del Recinto de Ferias y Mercados de Castellón. Esto en lo que se refiere a los abreviados, es decir, los que tienen una tramitación más sencilla eliminando trámites y acortando plazos.

Los titulares de los periódicos nos ilustran un día si otro también, sobre las maniobras políticas en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Este es el debate que nos mantiene en vilo. Todos hemos podido reflexionar y tomar posición sobre si es necesaria una demorada renovación y qué mayoría debe precisarse para ello. Si se compadece con nuestro texto constitucional una mayoría simple o es necesaria una mayoría reforzada de tres quintos para nombrar a sus miembros.

Pero fuera del debate público subyace una realidad cotidiana que está socavando nuestro Estado de Derecho, menguando los derechos y las libertades de la ciudadanía y rebajando los estándares de competitividad de nuestro país.

No es casual que España ocupe el número 74 en la ratio de “eficiencia del marco regulatorio y legal” que publica el World Economic Forum en su edición de 2019; o el número 63 en cuanto a “eficiencia del sistema legal en resolución de conflictos”. Unos puestos muy pobres que denotan que vamos mal. Vamos muy mal.

Mientras tanto los Ministerios de Justicia, actual y pasados, trazan planes, diseñan estrategias, como la ocurrencia de habilitar dos semanas en agosto de este año; maquillaje que se demostró absolutamente inútil y que no consiguen disimular la realidad del problema.

Cuando vea en televisión o lea en los periódicos que se amplían los derechos de la ciudadanía pregúntese si se dotará también de medios para que estos derechos puedan ser ejercidos.

No sabemos cómo vería un Séneca en el Siglo XXI que la urgencia para determinar la procedencia de una reducción de jornada por cuidado de hijos por enfermedad grave, solicitada en un juzgado de la que fue provincia Tarraconensis, en septiembre de 2020, se tuviera que resolver en marzo de 2022. Esperemos que este pensador actual no decidiese adoptar la misma decisión que el estoico cordobés tras la conjura y asesinato de Agripina en manos de Nerón y su simultánea caída en desgracia.

El autor es decano del Colegio de Abogados de Castellón.