VALÈNCIA. Una de las decisiones más inmediatas que tenía que tomar la nueva consellera de Justicia, Elisa Núñez (Vox), tras su llegada a la Generalitat era si darle continuidad o no al nuevo sistema de gestión procesal impulsado por el Gobierno anterior del Botànic. Se trata del programa que rige toda la actividad de los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana y que permite la tramitación de los procedimientos, por lo que afecta a multitud de trabajadores de la administración de justicia y a su funcionamiento diario. Su implantación, finalmente, seguirá adelante.
En la pasada legislatura, el plan, llamado 'Just@CV' fue presentado por la entonces titular de la Conselleria, Gabriela Bravo, como aquel que sustituiría a 'Cicerone', el que está actualmente en funcionamiento y que se encuentra totalmente obsoleto. La previsión era que se desarrollara a partir de 2020 hasta completar su despliegue y puesta en servicio en el año 2024 en los 35 partidos judiciales de la Comunitat. Cosa que no ha ocurrido todavía. El contrato fue de 16 millones de euros.
El nuevo sistema tenía por objetivo avanzar en el establecimiento del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y en la eliminación o reducción significativa del papel. El famoso 'papel 0'. También pretendía implantar el archivo electrónico en todos los órganos judiciales y oficinas fiscales de la Comunitat, facilitar la tramitación de procedimientos judiciales, o conseguir la interconexión y la interoperabilidad de los órganos judiciales de la autonomía y toda España.
Sin embargo, a lo largo de estos años ha acumulado diversos retrasos por los problemas que ha generado y la Comunitat sigue a la cola en digitalización, a diferencia de otras autonomías que sí han experimentado avances sustanciales, como Navarra o Asturias. De hecho, en su momento fue criticado –tanto por los partidos de la oposición que ahora gobiernan como por los propios operadores jurídicos– que la Generalitat no hubiera recurrido a alguno de los sistemas con los que ya contaban otros territorios. Una manera, opinaban, más sencilla y rápida de solucionar la situación.
Aunque se llegaron a firmar convenios con esa comunidades que, precisamente, hace años trabajan con plataformas o programas más avanzados como Avantius, éstos finalmente quedaron en nada. Así que la Conselleria decidió empezar en serio con 'Just@CV' y en 2020 el Consell del Botànic autorizó en un pleno la contratación del servicio de desarrollo y puesta en funcionamiento del nuevo Sistema de Gestión Procesal de la Comunitat Valenciana que un año más tarde se adjudicó a Indra.
El sistema comenzó a activarse a través de una prueba piloto en ocho juzgados de Primera Instancia de Castellón que, en sus inicios, provocó duras críticas de los sindicatos por considerarlo una decisión temeraria. Así, el año pasado llegaron a denunciar que supuso una avalancha de problemas y disfunciones en las instalaciones judiciales castellonenses, lo que a su vez impedía a los funcionarios realizar sus funciones de manera adecuada. Este mismo año las quejas por los incidentes que plantea su uso han continuado.
En la tesitura de seguir adelante o no con el sistema se encontraba el nuevo Consell, que comenzó su andadura el pasado julio. La titular de Justicia, Elisa Núñez, explicó en una entrevista con Valencia Plaza que cuando llegó solicitó las evaluaciones que había tenido el programa 'Just@CV' y una nueva de la prueba de Castellón. Siguió entonces trabajando sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2023. En atención a los resultados que obtuvieran determinarían si continuar, plantear una modificación o impulsar un nuevo proyecto de digitalización.
La decisión ha sido finalmente la primera, aunque Núñez criticó que a Gabriela Bravo "se le ofrecieron medios que estaban en otras autonomías, algunos de manera gratuita, pero ella prefirió un sistema con su seña de identidad propia" que calificó de "caprichito".
Desde Justicia argumentan que en Castellón "se ha logrado estabilizar el sistema y funciona con rendimiento". "Llevarlo adelante ha sido un gran esfuerzo y se ha logrado gracias al apoyo y esfuerzo de los funcionarios de los juzgados, de los letrados de la administración de justicia y de los jueces. También ha habido un gran apoyo y trabajo actual de la Conselleria", comentan.
La idea, por todo ello, es darle continuidad "para no perder la inversión realizada ni los fondos europeos", apuntan. Por el momento, la Conselleria no se aventura a dar nuevos plazos de implantación definitiva.