La adjudicataria del derribo de la cruz ahorra 9.000 euros a Castelló y prevé iniciar las obras en junio

CASTELLÓ. La empresa Solaris Purgaret SLU, responsable de ejecutar el proyecto de derribo de la cruz de Ribalta, prevé iniciar las obras a finales de mayo o principios de junio. El pasado viernes, la plataforma de contratación del Estado publicó la adjudicación, cuya memoria recoge que la mercantil tiene cinco días naturales de plazo (hasta este martes) para presentar al Ayuntamiento de Castelló un plan de seguridad, otro de gestión de residuos y una póliza de seguros.

A partir de que los técnicos acepten la documentación, se abrirá un nuevo periodo de otros cinco días naturales para que se produzca la firma del contrato. Desde ese momento comenzará la verdadera cuenta atrás respecto a las obras, ya que en los siguientes 10 días tanto el consistorio como la empresa tendrán que suscribir el acta de replanteo, que acredita la disponibilidad de los terrenos con vistas a acometer la actuación.

Solaris Purgaret, con sede en la capital de la Plana, se hizo en abril con el contrato, después del proceso simplificado, al presentar una rebaja del 12,20% respecto al presupuesto de licitación. Esto significa un ahorro de aproximadamente 9.000 (en concreto, 8.696,89 euros) para las arcas municipales. El consistorio sacó a concurso la intervención por 71.286 euros (impuestos incluidos) y la cuantía de adjudicación es de 62.589,11 euros.

Apenas seis semanas de trabajos

La ejecución de la retirada del símbolo considerado como vestigio del franquismo, según el catálogo de la Conselleria de Calidad Democrática, tiene una duración de apenas seis semanas. Los trabajos se organizan en cuatro fases. La primera corresponde a la retirada del monumento y su posterior traslado a un almacén. La segunda se centra en los movimientos de tierra para la eliminación de la plataforma y la creación de los nuevos andenes y macizos con tierra vegetal. La tercera obedece a la albañilería y la cuarta culmina la distribución de la jardinería.

El proyecto contempla la restitución del espacio originario de 1926 y que desapareció años después cuando se instaló la cruz. En teoría, y conforme al acuerdo alcanzado por la Concejalía de Cultura con la diócesis Segorbe-Castellón en junio de 2021, será el obispado el que se haga cargo del lábaro. 

Para llegar a ese momento, primero deberá resolverse el último recurso de Abogados Cristianos en el Contencioso-administrativo. La asociación pide al juzgado que paralice el proyecto urbanístico, ya que considera que la destrucción del monumento "atenta a la libertad religiosa", según manifestó su presidenta, Polonia Castellanos, hace algo más de un año.

En la anterior legislatura, en 2019, el colectivo ya consiguió frenar el derribo por sentencia judicial, lo que obligó al equipo de gobierno a apelar ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Un litigio que ganó finalmente el Ayuntamiento. No obstante, al alargarse tanto en el tiempo resultó imperativo iniciar casi de cero el procedimiento con un segundo expediente.