CASTELLÓ. Una de las propuestas estrella del Consell para tratar de aportar luz a las relaciones entre los productores agrarios y las empresas valencianas, la Agencia Valenciana de Información y Control Alimentarios (AVICA), no podrá ser completada en la presente legislatura.
El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana acaba de publicar la exposición pública de los estatutos de la entidad y durante los próximos 15 días todos los interesados pueden presentar "alegaciones, observaciones o sugerencias" al texto. Sin duda, se trata de un paso relevante para dotar de contenido a la AVICA, que fue gestada hace ya más de un año; pero dado que carece de personal y de autonomía propia, hasta ahora su actividad ha sido mínima.
El objetivo de la AVICA -similar a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura y que sí ha recibido y tramitado denuncias de las organizaciones agrarias- es actuar ante determinadas prácticas comerciales abusivas, como las compraventas a resultas, tan habituales en el sector citrícola y cuyos productores llevan años tratando de desterrar, ya que deriva en la venta a pérdidas. Así lo recoge el propio borrador de los estatutos, pero todavía deberán pasar muchos meses para que esto pueda llevarse a cabo.
No en vano, el texto ahora sometido a información pública recoge cómo, tras su aprobación, el decreto de estatutos "entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana". Sin duda un plazo prolongado.
Y hasta entonces la Avica no contará con personal propio. Además de la presidencia, vicepresidencia y vicepresidencia segunda de la entidad (que ocupan la consellera de Agricultura, el secretario autonómico y la dirección general de las que depende la AVICA) este órgano de control prevé también crear la figura de un director, un secretario general técnico, un consejo de dirección y un servicio de vigilancia de la cadena agroalimentaria, del que no detalla su composición. Además, también contará con un consejo asesor en el que estarán representadas las organizaciones agrarias, las cooperativas, las industrias de alimentación y bebidas y las empresas de distribución.
Con este organigrama y la planificación prevista (entre ella un plan anual y elaboración de resultados) se pretende evitar que los productores no perciban un precio justo por su producto; además de que contener las cotizaciones de los productos en su trayecto desde el campo a los lineales de distribución.
De momento, y hasta que no se aprueben los estatutos, estas tareas las está asumiendo la Dirección General de Desarrollo Rural. De hecho, el propio borrador recoge cómo "la puesta en funcionamiento de la AVICA se producirá a la fecha de entrada en vigor de sus estatutos" y el consejo de dirección "deberá celebrar su primera sesión en el plazo máximo de 6 meses siguientes".
Para la capacidad de acción de la AVICA existe además un problema: solo puede actuar en las relaciones entre vendedores y compradores ubicados en la Comunitat Valenciana.
Con todo esto, hasta ahora se ha limitado a inspeccionar "distintos almacenes por denuncias de contratos en los que se decía pagar una cosa y en realidad se paga otra", aseguran fuentes de la Conselleria de Agricultura. Asimismo, también se ha inspeccionado supermercados "en casos de mal etiquetaje y procedencia incorrecta", apuntan las mismas fuentes, quienes reconocen no obstante que hasta ahora "la mayor parte de las denuncias e inspecciones, hasta que las Comunidades Autónomas tengan los instrumentos necesarios, las continúa tramitando la oficina estatal, la AICA".