La comisión de la sala de la Policía Local sigue en sus debates previos un año después de arrancar

CASTELLÓ. La comisión que investiga los contratos de suministro y equipamiento del denominado Centro Integral Municipal de Seguridad y Emergencias 092 (CIMSE) sigue en sus debates previos un año después de arrancar. Desde que se constituyera oficialmente el 30 de octubre de 2019 ha celebrado 9 sesiones, contabilizando la reunión de este lunes, y todavía sigue encallada en el primer expediente.

El pulso entre el Acord de Fadrell (PSPV, Compromís y Podem) y el PP ha terminado por imponerse frente al verdadero sentido del órgano fiscalizador, esto es, esclarecer lo sucedido en la sala de la Policía Local de Castelló durante los últimos ocho años.

El tira y afloja político ha derivado en una maraña, cada vez más más compleja, que amenaza con eternizar el análisis de los siete dossier escogidos correspondientes al periodo 2011-2019. Los 3.000 folios del sumario inicial aumentan a medida que los partidos solicitan documentos adicionales, lo que provoca que ahora mismo se esté prácticamente igual que hace casi 12 meses.

Socialistas y la confluencia, por un lado, y populares, por otro, se han empeñado en culpabilizar de las posibles irregularidades al adversario, tratando además de desmontar cualquier teoría que suponga una amenaza. Por ejemplo, ante las conjeturas del PP respecto a cierto trato de favor del Fadrell hacia EuroCop, el portavoz de Podem, Fernando Navarro, contraataca recordando que la empresa, bajo el nombre de Primeria Consulting, ya trabajó con el consistorio en las etapas de Alfonso Bataller y Alberto Fabra como alcaldes. "Eso constata que no ha habido cambio de tendencias en las empresas contractuales. El Partido Popular dirige sus sospechas no hacia el Ayuntamiento sino hacia la Policía Local", subraya el concejal morado.

Distintas velocidades

En esa empresa del Y tú más se han embarcado unos y otros, anestesiando al resto de formaciones, que muestran una actitud más pasiva. Incluso, se adivinan distintas velocidades, como se apreció en la cita de este lunes, primera después de más de medio año de paralización a consecuencia de la covid-19.

El presidente de la comisión de investigación, Vicente Vidal (Ciudadanos), advirtió sobre lo imperativo de disponer del informe que determinó la externalización del pliego de condiciones para el suministro de la sala al objeto de iniciar cuanto antes "las pruebas testificales". Sin embargo, desde el PSPV y PP se considera la decisión demasiado prematura, teniendo en cuenta que son siete los expedientes y que, posiblemente, una misma persona deberá responder de varios de ellos al haber participado directa o indirectamente en la adjudicación de los servicios.

En efecto, las dos principales fuerzas de la corporación coinciden en que para iniciar la ronda de declaraciones primero será necesario cerrar la fase de estudio de los distintos contratos. Esa distinta manera de enfocar la parte testimonial evidencia disparidad de criterios sobre cómo conducir el órgano fiscalizador que, casi un año después, continúa detenido en la misma casilla de salida.