CASTELLÓ. La innovación es, desde que existe la humanidad, uno de los motores que mueve el planeta; y en un mundo tan conectado, tecnológico y globalizado como el presente, este factor se ha multiplicado. En el actual panorama innovador se abren nuevos retos, y la posibilidad de que la Administración se beneficie, impulse la innovación y ayude a las empresas a mejorar gracias a ella es quizás uno de los más grandes. De ahí que las diferentes ramas, desde la Unión Europea al Gobierno regional, pasando por el estatal, vengan tratando de fomentarla a través de la Compra Pública de Innovación (CPI).

Esta herramienta puede ser una de las claves que ayude a mejorar la gestión, eficiencia y funcionalidad de los más de 720 parques empresariales valencianos. Al menos así lo expusieron los participantes en el desayuno que Castellón Plaza organizó este miércoles con el impulso de la Agència Valenciana de la Innovació (AVI) y el patrocinio de la Federació de Polígons Empresarials de la Comunitat Valenciana (Fepeval). En la Cámara de Comercio castellonense, responsables públicos y privados destacaron la importancia del trabajo en común para crecer juntos a través de la innovación. 

Colaboración público-privada

Esta, la colaboración público-privada, es precisamente una de las patas que promueve la CPI y que en primer lugar se debería fomentar para trasladar la innovación a las áreas industriales, tal y como coincidieron todos los participantes. Y, para ello, la Generalitat aprobó en 2018 "la primera ley de áreas industriales de todo el Estado", destaca el gerente de Fepeval, Diego Romá. En ella, y como no puede ser de otra manera, "los ayuntamientos son pieza clave", ya que son la Administración más cercana y en la que se ubican los polígonos. A partir de ahí, se trata de buscar cómo mejorar la competitividad de las empresas que se ubican en cada término municipal, "pero también la calidad de vida de los hombres y mujeres que trabajan en las áreas industriales". 

Pero, además, los propios consistorios pueden beneficiarse de la Compra Pública de Innovación. El presidente de Tantum Consultores, Juan Llobell, señala que un ayuntamiento, o cualquier otra entidad pública, puede acudir a la CPI "cuando tiene un producto o necesidad no cubierta". Pero no siempre es fácil. La alcaldesa de la Vall d'Uixó, Tania Baños, remarca que la carga de trabajo en las casas consistoriales hace difícil incluso gestionar las ayudas que les ofrece el Institut Valencià de Competitividad Empresarial (Ivace), dado que la ley de contratos les obliga a materializar el proyecto, desde su gestación hasta la certificación de la obra, en un año. Además, como señala Llobell, "es imposible que cualquier ayuntamiento conozca todo lo que existe en el mercado", en cuanto a innovación, y a lo que puede acceder para mejorar la eficiencia de los polígonos industriales.  

Entidades de Gestión y Modernización

De ahí que Baños, igual que el resto, insista en la colaboración público-privada como una oportunidad. Pero, además, hay que avanzar en otro sentido. En el caso de la Vall d'Uixó, con dos polígonos industriales, "nos hemos enfrentado a una falta de comunicación gravísima con las empresas". Para facilitarlo, la ley valenciana prevé la creación de Entidades de Gestión y Modernización (EGM), que sirven para aglutinar la voz de las compañías implantadas en estas áreas con el fin de servir de interlocución con la Administración, pero no solo. 

En este sentido, el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rafa Simó, destaca "la necesidad de trabajar en red, a todas las escalas, de compartir retos y buenas y malas prácticas; la experiencia de compartir aún no la tenemos bien implantada en nuestro día a día". Y las cifras lo demuestran. De las más de 720 áreas industriales de la Comunitat, "un veintipoco por ciento tiene algún tipo de asociación o ente que las gestiona", indica el director de la división de Consultoría de Segurinter Sistemas de Seguridad, Fran Izquierdo. Romá, que es también gerente de la Confederación Española De Áreas Empresariales (Cedaes) lo confirma: "Apenas un 10% de los parques industriales españoles tiene una entidad que los gestione. Necesitamos EGM para que la Administración conozca las necesidades de las empresas y que estas sepan que la solución que buscan la puede ofrecer una compañía del mismo parque".