Kobi Gideon / GPO / dpaCASTELLÓ (EP). La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha anunciado este lunes que a partir del próximo 19 de febrero de 2024 deliberará sobre la naturaleza de la ocupación israelí en los territorios palestinos y sus consecuencias legales tanto para los Estados como para la ONU.
La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución el 30 de diciembre de 2022 sobre 'Las consecuencias legales de las políticas y prácticas de Israel en los territorios ocupados palestinos, también en Jerusalén Este'.
En ella, pedía al tribunal una "opinión consultiva" sobre la ocupación israelí. En concreto, el artículo 96 de la Carta de la ONU permite que la Asamblea General o el Consejo de Seguridad, así como otros órganos de Naciones Unidas autorizados por la Asamblea, puedan solicitar a la corte una opinión sobre "cualquier cuestión jurídica que surja dentro de la esfera de sus actividades".
En concreto, la CIJ tendrá que dar respuesta a la pregunta de "cuáles son las consecuencias legales de la violación por parte de Israel del derecho del pueblo palestino a la libre determinación, desde su prolongada ocupación, asentamiento y anexión del territorio ocupado desde 1967".
La pregunta además incluye "las medidas" llevadas a cabo por Israel "encaminadas a alterar la composición demográfica, el carácter y la situación de la Ciudad Santa de Jerusalén", así como la "adopción de legislación y medidas discriminatorias".
De la misma forma, el tribunal tendrá que valorar "cómo influyen las políticas y prácticas de Israel" al "estatus legal de la ocupación" y "cuáles son las consecuencias legales que emergen para todos los Estados y Naciones Unidas".
La Asamblea aprobó la resolución con 87 votos a favor, 26 en contra y 53 abstenciones. El entonces primer ministro israelí Yair Lapid, ahora en la oposición, afirmó entonces que la medida era "un premio para el terrorismo" y tenía un carácter "unilateral".
El tribunal de Naciones Unidas emitió por última vez una opinión sobre el conflicto israelí-palestino en 2004, cuando la Asamblea General le pidió que se pronunciara sobre la legalidad del muro de separación con Cisjordania.
El tribunal dictaminó entonces que la barrera de separación levantada por Israel en territorio cisjordano era "contraria al Derecho Internacional" y pidió al país que detuviera inmediatamente la construcción. Israel ha ignorado desde entonces la decisión, argumentando que la barrera era una medida de seguridad destinada a evitar que los atacantes palestinos alcanzaran a las ciudades israelíes.
