La Debida Diligencia en Sostenibilidad y el Registro de entidades valencianas socialmente responsables

Las cadenas de suministro globales se han convertido en una forma habitual de organización de las inversiones, la producción y el comercio en la economía globalizada, creando empleo y abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo económico y social, pero, al mismo tiempo, representado graves riesgos para el medioambiente y para los derechos humanos, poniendo de manifiesto la necesidad de que las grandes organizaciones se centren en la gestión integral de los riesgos de sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de suministro.

La Comisión Europea adoptó, el 23 de febrero de 2022, una propuesta de Directiva sobre la diligencia debida en materia medioambiental y derechos humanos sobre cadenas de suministros globales que está previsto entre en vigor en el año 2023. A nivel español ya se ha elaborado el anteproyecto de ley de protección de los derechos humanos, de la sostenibilidad y de la diligencia debida en las actividades empresariales transnacionales.

El cumplimiento de la ley de la debida diligencia en sostenibilidad se entiende como el proceso a través del cual una empresa asegura el cumplimiento de su obligación constitucional de respetar los derechos humanos y el medioambiente, describe las medidas adoptadas para identificar y actuar en consecuencia sobre los riesgos e impactos reales y potenciales de su actividad para las personas y el medio ambiente, no solo en sus propias operaciones, sino en su cadena de suministro y en los servicios que utiliza. Se les exigirá que determinen y, en caso necesario, prevengan, atajen o mitiguen los efectos adversos de sus actividades tanto en las actividades propias de la empresa, a sus filiales, subcontratistas o proveedores como a todas sus cadenas de valor.

Las organizaciones deben centrarse en elaborar un plan integral de gestión de riesgos que pueda identificar, valorar y gestionar los riesgos relevantes atendiendo a los objetivos económicos de la empresa y manteniendo una sólida estructura financiera. La empresa tiene el reto de analizar los riesgos y verificar su efecto y su impacto para conocer, gestionar, mejorar e informar adecuadamente de sus riesgos de insostenibilidad.

La ley establece un contenido mínimo de este plan de riesgos, que debe incluir obligatoriamente: un mapa de riesgos para su identificación, análisis y priorización; el procedimiento de evaluación periódica de la situación según la cartografía de riesgos; las acciones de reducción del riesgo o la prevención  de lesiones graves; un mecanismo de alerta y recogida de informes relativos a la existencia y actualización de los riesgos, establecido en consulta con los sindicatos representativos en la empresa; un dispositivo de seguimiento de las medidas puestas en práctica y una evaluación de su eficacia.

El aspecto de información en sostenibilidad y debida diligencia cobra relevancia debido a que los próximos cambios legislativos obligan a las grandes empresas a reportar información de sostenibilidad sobre su cadena de valor, y por lo tanto muchas pymes se verán obligadas a informar en cuanto que forman parte de la cadena de valor de las grandes empresas.

La Generalitat Valenciana, el pasado 7 de marzo,  puso en funcionamiento el Registro de Entidades Valencianas Socialmente Responsables (REVSR), con la finalidad de dar información sobre el carácter responsable de las entidades inscritas en él para que las entidades puedan demostrar y justificar su carácter responsable frente a terceros, en las contrataciones públicas y en las convocatorias de ayudas y subvenciones. El REVSR regula, igualmente, la auditoría social y una comisión mixta que informa de la inscripción en el registro de entidades valencianas socialmente responsables, facilita la realización de la memoria de sostenibilidad de forma gratuita para las pymes de menos de 50 trabajadores y fomenta la verificación de la información, útil para mejorar la identificación y manejo de riesgos y para tener la debida diligencia en sostenibilidad.

La autora es catedrática de Finanzas y directora del Máster de Sostenibilidad y RSC de la Universitat Jaume I