CASTELLÓ. La Diputación de Castellón, con motivo de la emergencia sanitaria originada por la expansión del coronavirus, ha modificado las bases del Plan de Empleo 2020, cuya partida presupuestaria es de 850.000 euros. El nuevo reglamento contempla la reapertura del plazo de acceso de los ayuntamientos a las subvenciones para la contratación temporal desempleados durante un periodo de al menos tres meses. Aunque es un programa inicialmente orientado al verano, los cambios introducidos amplían la fecha tope del vencimiento de los contratos hasta el 31 de octubre de 2020.
El presidente de la institución provincial, José Martí, ha explicado que el equipo de gobierno de la Diputación ha recuperado este 2020 un plan que fue suprimido en 2019 y que ha sido dotado con 200.000 euros más que en 2018. Martí ha añadido que se trata de una medida "que los alcaldes solicitaron en las reuniones que mantuvimos el pasado otoño para preparar los presupuestos de 2020". Unas cuentas públicas "que ya no tienen sentido y que hay que readaptar a la nueva situación creada por la pandemia porque si hace dos meses pensábamos en contrataciones para el verano de cara a las fiestas o a la apertura de instalaciones municipales, ahora las necesidades son otras y el cambio de las bases era obligado".
En esta línea, Martí ha subrayado: "Si siempre teníamos puesta la mirada en los pequeños pueblos de interior, ahora con el coronavirus resulta imprescindible".
Por su parte, el diputado provincial de Promoción Económica y Empleo, Pau Ferrando, ha informado de que ya son 66 los municipios que han solicitado la adhesión al Plan de Empleo 2020, cuyos destinatarios son los demandantes inscritos en Labora que preferentemente pertenezcan a colectivos de difícil inserción laboral, como mayores de 45 años, parados de larga duración o jóvenes sin experiencia laboral. No obstante, "la crisis de la Covid-19 es una situación de interés general y por ello hemos ampliado el plazo de contratación de trabajadores hasta el 31 de octubre".
El Plan de Empleo 2020 contempla la posibilidad de realizar contrataciones relacionadas con el ocio, los servicios culturales y la promoción del turismo, el deporte y el audiovisual. También para la ejecución de obras o servicios de interés general y social como la mejora y mantenimiento de inmuebles, la mejora y revalorización de espacios públicos urbanos y naturales, o la gestión de residuos. Además, se incluyen los contratos para el cuidado de niños y la prestación de servicios a domicilio para mayores y jóvenes en dificultad y con desarraigo social.
