CASTELLÓ. El pleno de la Diputación de Castellón ha dado este martes luz verde por unanimidad a la inversión de 8,6 millones de euros para la digitalización del ciclo urbano del agua y garantizar el control y calidad del agua gracias a la monitorización de estas variables, un acuerdo que el presidente, José Martí, ha valorado "muy positivamente" porque ayudará a realizar en los próximos años una buena gestión de un bien escaso, que -ha dicho- es uno de los principales retos que la sociedad tiene por delante.
Por su parte, el diputado de Sostenibilidad, Ignasi Garcia, ha celebrado que en el gobierno de la Diputación hy vuelto a conseguir la unanimidad para sacar adelante este proyecto de gestión del agua.
El pleno de la Diputación de Castellón también ha aprobado el pliego de las cláusulas que regulan la contratación de la gestión integral y de vialidad invernal de la red provincial de carreteras por un importe de 8 millones de euros para el periodo 2023-2024, prorrogable durante dos ejercicios más. Han votado a favor PSPV-PSOE, Compromís y Ciudadanos y se ha abstenido el Partido Popular.
El gasto anual se divide en gasto corriente (40%) y gasto de inversión (60%). El gasto corriente correspondería a la prestación de servicios y el mantenimiento de los viales mientras que el gasto de inversión serán los incluidos en la ejecución de las obras de rehabilitación y refuerzos del firme. Según las previsiones técnicas, para el 2023 se prevén actuaciones en la CV-100 Rosell, CV-105 La Pobla de Benifassà, CV-138 Càlig, CV-169 Benafigos, CV-203 Torralba del Pinar y CV-213 Navajas a Algimia de Almonacid por Gaibiel y Matet.
El diputado de Carreteras Santi Pérez ha lamentado que el Partido Popular no haya aprobado este contrato de carreteras, que supone un incremento de 2 millones de euros respecto a épocas pasadas. "Un contrato que se ha realizado conforme a las indicaciones de los técnicos y que permitirá hacer más carreteras y atender reivindicaciones históricas de los pueblos, de todos los pueblos, también de pueblos gobernados por el Partido Popular", ha dicho.
Pérez ha recordado que esta aprobación permitirá ampliar el ancho de las vías, mejorar la señalización horizontal y vertical y, en definitiva, la seguridad vial. Además, ha señalado que por primera vez han introducido actuaciones relacionadas con la vialidad invernal y los episodios de heladas que suelen registrarse todos los años en el interior.
Asimismo, Pérez ha vuelto a tender la mano al grupo popular y al resto de partidos representados en la Diputación con la intención de alcanzar un acuerdo para el periodo 2023-2030 a fin de consensuar todas las actuaciones necesarias que están pendientes desde hace décadas en la red provincial de carreteras.
Los cuatro grupos políticos representados en el pleno de la Diputación -PSPV-PSOE, Partido Popular, Compromís y Ciudadanos- han consensuado y respaldado con sus votos una declaración institucional para solicitar que el Gobierno de España abra una línea de ayudas a fondo perdido con carácter urgente y extraordinario que ayude a sufragar los costes que las empresas del sector cerámico están teniendo por el bloqueo de las exportaciones a Argelia.
También se exige que el ejecutivo central convoque con urgencia a las comunidades autónomas y las cámaras de comercio para trabajar de forma coordinada y adoptar medidas que ayuden a mejorar de manera directa e inmediata la "crítica" situación existente por la crisis diplomática con Argelia para recuperar la normalidad en las relaciones comerciales. Además, se solicita que la Conselleria de Economía Sostenible dote una línea de ayudas urgentes y extraordinarias para las empresas azulejeras que se hayan visto perjudicadas por este conflicto diplomático.
En el apartado de mociones, el pleno ha aprobado con los votos del grupo socialista y Ciudadanos y el voto en contra de Partido Popular y Compromís una moción presentada por el PSPV-PSOE en la que se muestra el apoyo de la Diputación a la Asociació Esportiva Club de Caçadors Apaval y a la realización de las pruebas de cesto malla para el tordo, reclamando su autorización y que se ponga fin a la postura "intransigente" que hasta ahora ha mostrado la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.
La institución provincial insta a la Conselleria a la autorización de las pruebas de cesta malla como una modalidad de caza compatible con la modalidad del parany, con el objetivo de dar una solución legal a la práctica de este método de caza, de forma que garantice, además, su conservación.
En el debate que se ha generado en el pleno a raíz de la moción presentada por Ciudadanos para instar la Generalitat para que se garantice la obligatoriedad de atención médica en las SAMU que operan en la provincia, que se ha aprobado con los votos de PP, Ciudadanos y Compromís, y la abstención del PSPV-PSOE, la diputada del Grupo Socialista, Xaro Miralles, ha explicado que el grupo socialista se ha abstenido por la negativa del grupo proponente a aceptar una enmienda de consenso.
Miralles ha recordado que "la Conselleria hace todos los esfuerzos necesarios para ofrecer el mejor servicio posible", señalando que los casos en los que las SAMU van sin facultativo son "excepcionales y puntuales, cuando se produce una baja y no hay personas en bolsa para cubrir esas vacantes".
Además, ha hecho referencia a que existe un problema de falta de médicos que es "estructural" y ya existía cuando gobernaba el Partido Popular, y ha recordado que con los gobiernos del PP la SAMU de Vilafranca funcionaba solo durante 12 horas y que fue la Generalitat progresista del Botànic la que extendió el servicio a las 24 horas del día, y la que instauró la SAMU en Morella, "que con el PP no existía".
El pleno ha rechazado con los votos del equipo de gobierno una moción del grupo popular sobre la necesidad de ampliar la red provincial de helisuperficies. Sobre este asunto, el diputado de Bomberos, Abel Ibáñez, ha recordado que la anterior corporación presidida por el Partido Popular elaboró un Plan para construir 25 superficies de este tipo de las que se acabaron construyendo 18, "y casualmente, de esas 18, 14 fueron en pueblos gobernados por el Partido Popular y, además, las que quedaron sin hacer, también eran para pueblos con alcaldes del PP".
Por su parte, desde el PP, la presidenta provincial del partido, Marta Barrachina, ha pedido a la Diputación que eleve el presupuesto del Plan Provincial de Obras y Servicios y se anticipe por una vez a las consecuencias de la inflación en las obras municipales. "Es necesario que la Diputación dé respuesta a los ayuntamientos con un aumento del presupuesto del plan de obras para que los municipios y todos los castellonenses no terminen sufriendo las consecuencias del sobrecoste de las obras por el aumento del precio de las materias primas, la energía y los combustibles", ha resaltado.
En el caso de Ciudadanos, además de la solicitud de médico en las SAMU ha pedido ayuda para las explotaciones agrarias de la provincia. En concreto, Cristina Fernández ha solicitado la puesta en marcha de un plan de choque que contemple medidas concretas como ayudas al alquiler a la vivienda para familias con hijos menores de 16 años, incentivos fiscales más ambiciosos y apoyo a cultivos característicos del interior como la viña o el cereal. "Buena parte del fantasma de la despoblación tiene su origen en la falta de políticas o la ineficacia de estas; no sirve de nada anunciar que se lucha contra la despoblación si no se adoptan medidas concretas, las que piden los afectados".