el pleno acuerda que la institución asuma el 90% del coste de los Servicios Sociales

La Diputación aprueba las bases del nuevo Plan 135 y la adhesión al Fondo de Cooperación Municipal

21/01/2020 - 

CASTELLÓ. El pleno de la Diputación de Castellón ha aprobado definitivamente las bases por las que se regirá el nuevo Plan 135, una vez superada la fase de alegaciones. Este Plan de Cooperación Provincial para Obras y Servicios de 2020 mantiene los 12,4 millones de inversión de 2019 pero introduce cambios sustanciales que permitirán a los ayuntamientos disponer de más recursos y tener una mayor capacidad de decisión a la hora de realizar sus inversiones.

Con estas nuevas bases, los ayuntamientos ganan autonomía porque decidirán el tipo de inversiones que desean realizar, sin tutelas de ningún tipo. Además, podrán destinar a gasto corriente hasta el 50% de la cantidad que se les asigna, algo que venían reclamando los alcaldes y las alcaldesas. En los planes anteriores solo se permitía dedicar a este capítulo el 30% y se obligaba a que el 70% restante fuera para inversiones en obras .

Otra mejora importante es que los ayuntamientos podrán quedarse con el dinero resultante de las bajas de adjudicación de las obras para destinarlo a gastos corrientes, con lo que se corrige la situación anterior que obligaba a devolver a las arcas de la Diputación una parte de los fondos que inicialmente asignados.

Además, se introduce una discriminación positiva para favorecer a los pequeños pueblos de interior que se encuentran en situación de riesgo de despoblación. Por ello, se disminuye un 30% el importe que correspondería a los 8 municipios de más de 20.000 habitantes y un 2,2% las ayudas a los 12 municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes.

Según ha explicado el diputado de Cooperación y Concertación, Ximo Huguet, "se trata de una decisión que beneficia a 65 municipios de la provincia de Castellón que tienen menos de 500 habitantes. Los 18 pueblos que tienen menos de 100 habitantes recibirán un mínimo de 10.000 euros más que en 2019, al pasar de 50.000 a 60.000 euros como base inicial. Y los 47 pueblos de entre 101 y 500 habitantes recibirán el próximo año 5.000 euros más que en 2019, pasando de 65.000 euros a 70.000 euros como mínimo".

Además, se agilizará el proceso de tramitación para simplificar la tarea administrativa de los ayuntamientos y evitar problemas con los plazos de ejecución, algo que sí ha sí ha ocurrido en los últimos años.

Es importante destacar que las solicitudes que realicen los ayuntamientos ya no tendrán que pasar por el pleno municipal y se podrán aprobar en Junta de Gobierno o a través de un decreto de alcaldía.

Adhesión al fondo de Cooperación

El pleno también ha aprobado la adhesión de la Diputación al Fondo de Cooperación Municipal Incondicionado de la Comunidad Valenciana, aportando al mismo la misma cantidad que la Generalitat asigna a los municipios de la provincia: 5,6 millones de euros. En consecuencia, a través del Fondo de Cooperación Municipal los ayuntamientos castellonenses percibirán un total de 11,2 millones de euros.

Huguet ha señalado que la adhesión al Fondo "supone un paso fundamental para agilizar la llegada de recursos a los municipios durante el primer trimestre de 2020". No obstante, ha anunciado que en la comisión bilateral Diputación-Generalitat “abogaremos por la futura aplicación de criterios de discriminación positiva que beneficien a los pequeños pueblos”.

El diputado de Cooperación y Concertación ha finalizado su intervención haciendo referencia “al compromiso con los ayuntamientos del equipo de gobierno de la nueva Diputación que conforman PSPV-PSOE y Compromís, a los que destinarà 18 millones de euros 2020 entre el Plan 135 y la aportación al Fondo, para que los ayuntamientos dispongan de liquidez.

Servicios Sociales

El pleno también ha ratificado la decisión del equipo de gobierno de asumir el 90% del coste de los equipos base de Servicios Sociales municipales de los pequeños ayuntamientos, algo que próximamente quedará recogido en una ley de ámbito autonómico.

Sobre este asunto, la vicepresidenta de la Diputación, Patricia Puerta, ha destacado que "en el día de hoy se ha dado un paso importante y necesario para la cohesión de la provincia en materia de Servicios Sociales porque con la aprobación de este acuerdo comienza a plasmarse la coordinación de las distintas administraciones (Generalitat, Diputación y ayuntamientos) para que todos los ciudadanos tengan acceso a unos estándares mínimos de Servicios Sociales, independientemente de donde residan”.

Puerta ha recordado que la ley vigente atribuye a los ayuntamientos competencias en materia de prestación de servicios sociales y establece que las diputaciones asuman el 90% de ese coste en los municipios de menos de 10.000.

Por ello, ha manifestado que "desde el primer momento de nuestra toma de posesión, venimos trabajando por la implantación de un servicio público valenciano de Servicios Sociales en la provincia de Castellón, que se realizará de forma progresiva".

Por ello, en 2020 la Diputación asumirá el 90% del coste del personal adscrito a los equipos de Servicios Sociales de base, y de las prestaciones y programas destinados a la cobertura de las necesidades básicas no periódicas de los municipios, agrupaciones y consorcios de municipios de menos de 6.000 habitantes. En 2021, se ampliará la cobertura y la Diputación asumirá el 90% de estos costes en los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes. La aportación de los pequeños ayuntamientos solo será del 10%.

En la sesión de este martes igualmente se ha aprobado una moción contra la corrupción presentada por los grupos Socialista, Popular y Compromís.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha reivindicado el esfuerzo del nuevo equipo de gobierno en la Diputación de Castelló para asegurar la disponibilidad de recursos a los municipios. "Cuando ha llegado un gobierno de izquierdas a la Diputación ha sido cuando esta institución se ha sumado al Fondo de Cooperación, que dobla el dinero de que disponen los ayuntamientos”, ha dicho Garcia. “Además, hay que recordar que hemos flexibilizado las condiciones del Plan 135 para facilitar la liquidez de los pueblos más pequeños". Según el diputado, la Diputación "está jugando por fin el papel de coordinación que le corresponde” y “no será nunca más una mera repartidora de dinero".


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