CASTELLÓ. El pleno de la Diputación de Castellón ha aprobado este martes, con los votos favorables del PSPV-PSOE y Compromís, en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, la propuesta del equipo de gobierno de ceder a la Generalitat Valenciana los terrenos que están alrededor del aeropuerto, que quedarán adscritos a la entidad Aerocas. Es una mutación demanial que se adopta tras la pertinente solicitud de la Generalitat Valenciana, con el objetivo de favorecer el proceso de crecimiento y desarrollo del aeropuerto y, por extensión, del sector turístico provincial. Una operación, que según ha explicado el presidente José Martí, cuenta con todos los informes preceptivos favorables de intervención, patrimonio y secretaría de la propia Diputación.
El presidente añade que estos terrenos "no son un bien patrimonial, y por lo tanto no se pueden embargar, vender o enajenar, de la misma manera que no se pueden vender una playa o una carretera". En consecuencia, "lo que se puede hacer es recurrir a la figura de la mutación demanial, una administración puede pasar la titularidad a otra, en este caso, a quien hoy tiene las competencias y la gestión del aeropuerto". Y según explica, "el aeropuerto de Castellón está teniendo un desarrollo importante al que nosotros queremos contribuir desde la colaboración entre administraciones. El objetivo es que «se desarrolle más y mejor".
El presidente señala que en el caso de que los terrenos no se utilizaran para el objetivo de desarrollar el aeropuerto la titularidad podría revertir a la propia Diputación.
Con el acuerdo plenario de hoy culmina un largo proceso administrativo que no ha estado exento de dificultades. De hecho, Martí recuerda que en su día el Partido Popular planteó la venta de estos terrenos y no puedo llevarse a cabo al emitirse informes técnicos negativos y no haber transcurrido los años legalmente establecidos desde la expropiación de los terrenos. Según explica, "estas cosas hay que hacerlas muy bien porque se si de hacen de forma incorrecta las personas que en su día fueron expropiadas también podrían solicitar la reversión".
El diputado socialista Santiago Agustí también ha defendido la cesión de los terrenos a la Generalitat, lamentando que el Partido Popular "ponga piedras en el camino» y recordando que «la Generalitat Valenciana sí ha puesto aviones en el Aeropuerto de Castellón, mientras el PP construyó una crónica negra en torno a esta infraestructura, con un grave coste reputacional para la provincia de Castellón·.
Por su parte, el representante de Compromís, Ignasi Garcia, ha reivindicado el trabajo del equipo de gobierno "para asegurar el futuro de una infraestructura que nos ha costado muchos millones de euros y que ustedes nos dejaron cerrada». Garcia ha defendido la cesión de terrenos «porque es una operación que no tiene coste económico para la Diputación, que permitirá impulsar la formación profesional en el entorno del aeropuerto en un polígono industrial ligado a la actividad aeroportuaria con el objetivo de generar actividad económica en el interior y crear puestos de trabajo".
Durante la sesión plenaria se ha aprobado una declaración institucional con el voto unánime de todos los grupos en la que se solicita un plan de financiación justo que acabe con la discriminación de la Universitat Jaume I. En el texto que ha sido leído por el presidente Martí se insta a la Generalitat Valenciana a decidir definitivamente cuál será la distribución del presupuesto para las universidades públicas en 2023 y dar cumplimiento a la promesa de poner en marcha un plan de financiación que asegure la supervivencia y el desarrollo de la universidad pública y de todas las comarcas de Castellón.
A respecto, Garcia ha destacado que este martes "hemos conseguido un gran acuerdo porque, por unanimidad, hemos rechazado este modelo de financiación de universidades totalmente economicista que ignora a los profesionales que forman parte de la universidad, acaba con el servicio público y, sobre todo, desvertebra el territorio". "Necesitamos una financiación justa para nuestra Universidat Jaime I, que recordamos que es uno de los motores económicos y el lugar del saber de nuestras comarcas", ha manifestado Garcia.
El pleno ha adoptado un segundo acuerdo unánime consistente en la aprobación de otra declaración institucional en la que se solicita la implantación de coeficientes reductores de la edad de jubilación para las personas que trabajan en la industria química y de refinamiento. El objetivo es poner fin a la injusticia existente en la actualidad, al no tenerse en consideración la penuria y la toxicidad a la que se exponen estas trabajadoras y trabajadores.
