CASTELLÓ. (EP). La vicepresidenta de la Diputación y diputada de Bienestar Social, Patricia Puerta, ha convocado esta semana por vía telemática a los representantes de las 124 poblaciones castellonenses de menos de 10.000 habitantes para informarles del nuevo modelo de financiación de los servicios sociales municipales del que se beneficiarán a partir de 2021.
Puerta ha comunicado que desde el 1 de enero la institución provincial se hará cargo de la práctica totalidad del coste ligado al personal de los servicios sociales y de las prestaciones de urgencia, como son las ayudas de emergencia social, para combatir la pobreza energética y de atención domiciliaria. Para concretar esta nueva relación interinstitucional se procederá a la formalización de un contrato-programa con cada ayuntamiento, en el que se especificarán los detalles de las acciones a desarrollar y su financiación.
Para la vicepresidenta se trata "de un gran avance social" porque este sistema, cuya finalidad es la mejora de la eficacia en las prestaciones, permitirá diseñar planes de actuación a más largo plazo y garantizar la empleabilidad a cuatro años vista del personal adscrito a estos servicios, "con todas las mejoras en cuanto a atención y cuidado de las personas que ello comporta".
En cuanto al pago de la financiación, la responsable de Bienestar Social ha explicado que se agilizarán los trámites para que los ayuntamientos dispongan a lo largo del primer trimestre del año el 90 por ciento de la cantidad que por población les corresponde. "Nos hemos marcado como fecha límite el 31 de marzo de 2021 para firmar los nuevos contrato-programa. Es esencial que así sea porque no podemos permitir que los ayuntamientos tengan que adelantar gran parte del dinero cuando todavía no han recaudado sus impuestos o que el propio personal asuma servicios con sus recursos hasta que lleguen los fondos", ha dicho.
Con la introducción de este nuevo sistema, la Diputación se pone al día con la normativa vigente al adaptar la estructura del área de Bienestar Social a la ley autonómica de Servicios Sociales Inclusivos. Este año, según ha recordado, se asumieron las poblaciones de hasta 6.000 habitantes a través de subvenciones directas a los ayuntamientos, pero ahora, con la inclusión de los municipios de menos de 10.000, se actualizará el modelo de relación para adaptarlo a la legislación valenciana.
En total, el coste de dar cobertura social a los 124 de los 135 municipios de la provincia asciende a 4,2 millones de euros, un esfuerzo económico "muy importante", pero que -según Puerta- vale mucho la pena porque la ciudadanía "es la principal beneficiada".
Además de reunirse con las alcaldesas y alcaldes de las mancomunidades de servicios, Patricia Puerta también se ha entrevistado con los equipos de coordinación de estas áreas, a fin de informarles de los cambios que se implantarán en el área social de la Diputación en 2021.
