CASTELLÓ. El pleno de septiembre de la Diputación de Castellón ha aprobado una moción por iniciativa del equipo de gobierno en la que se solicita el mantenimiento del poder adquisitivo del sistema de pensiones. En el texto se insta al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados a promover una reforma de la Constitución que transforme las pensiones en un derecho fundamental y que por lo tanto se prohíba expresamente que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones.
El documento recoge como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real y que Este no se vea afectado negativamente por la aplicación de recortes, subida de impuestos, copagos, tarifas o cualquier otro procedimiento.
Se trata de una iniciativa que surge de los contactos mantenidos con la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) y que el equipo de gobierno propuso aprobar unánimemente con el respaldo de todos los grupos. Finalmente se ha aprobado como moción con los votos favorables de PSPV-PSOE y Compromís y la abstención del PP y Ciudadanos. En el salón de plenos ha estado presente una representación de la MERP.
El portavoz del Grupo Socialista, Santi Pérez, ha lamentado que los grupos de la oposición no hayan accedido a la defensa unánime del blindaje de las pensiones por parte del pleno y ha explicado que ante la negativa de la oposición de respaldar la declaración institucional, en el equipo de gobierno han optado por aprobarla como moción.
En este sentido, ha recordado que la defensa de las pensiones y el poder adquisitivo de los mayores forma parte del ADN del Partido Socialista. También ha señalado que, en materia de pensiones, "la gestión del actual gobierno socialista supone una enmienda a la totalidad de lo que ocurrió en la etapa anterior con Rajoy, en la que los pensionistas perdieron poder adquisitivo de una manera muy significativa".
Por su parte, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha defendido que las pensiones son uno de los pilares básicos del Estado de Bienestar. "Por eso, en Compromís tenemos muy claro que es un derecho que se tiene que garantizar con una reforma constitucional. Primero, para garantizar el poder adquisitivo de las personas pensionistas, que puedan tener y mantener una vida digna y, sobre todo, también para evitar cualquier intento de privatización y mercadeos con lo que tiene que ser un derecho fundamental", ha dicho.
Otro de los acuerdos del pleno ha sido la aprobación de una declaración institucional con el apoyo de PSPV-PSOE, Partido Popular, Compromís y Ciudadanos, instando a la elaboración de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio que, entre otros aspectos, incluya más recursos económicos y humanos en el ámbito de la salud mental. Se trataría de propiciar una intervención en los diferentes estamentos, individual, familiar, comunitario, social, educativo y sanitario, hacer un seguimiento personalizado de las personas vulnerables, afectadas y familiares y, además, mantener una coordinación efectiva de recursos en el ámbito nacional.
En consecuencia, la Diputación de Castellón reivindica un Plan Nacional de Prevención del Suicidio que genere un marco para la creación de planes autonómicos, con dotación presupuestaria suficiente para su puesta en marcha y ejecución.
El plan debe recoger una una mejora real de la atención primaria, desde el convencimiento de que resulta fundamental conocer y comprender la conducta suicida. Por ello, el texto aprobado apuesta por articular mecanismos que ayuden a "conocer y comprender la conducta suicida", lo que supone contar con "investigadores e investigaciones que ofrezcan información rigurosa y actualizada a nuestro momento histórico y social, y que permitan desarrollar modelos de intervención plurales, específicos y realmente eficaces".
Los diputados provinciales han aprobado de forma unánime una segunda declaración institucional en la que se insta al Gobierno de España a agilizar el desarrollo de la Ley Integral contra el Tráfico de Seres Humanos y la puesta en marcha de planes específicos de inserción sociolaboral y de protección añadida a las víctimas hasta que lo contemple la aprobación definitiva de esta ley. Se trata de una resolución que se adopta en el marco de la celebración del Día Internacional contra la Explotación Sexual, que se conmemoró el pasado viernes 23 de septiembre.
En este documento también se solicita la reforma de la Ley de Extranjería para incluir la regularización de las personas víctimas de tráfico por explotación sexual. Otros puntos del documento tienen que ver con la Generalitat Valenciana, a la que se insta a reforzar e incrementar los sistemas de detección, prevención, registro y lucha contra el tráfico de personas en el entorno laboral y con finalidad de explotación sexual en el territorio de la Comunitat Valenciana.
También se solicita que el gobierno autonómico, de forma coordinada con el Gobierno de España, desarrolle un protocolo institucional y administrativo común para la formación del personal que atenderá a las víctimas de tráfico de personas.
Instantes antes de las doce del mediodía el presidente de la Diputación ha decidido hacer un receso de varios minutos para que los diputados se pudieran sumar a la concentración institucional convocada en la Plaza de las Aulas de rechazo a los asesinatos machistas que se han producido en las últimas horas.
A la sesión plenaria de hoy no han podido acudir las diputadas Tania Baños, por encontrarse de viaje en el extranjero, y María Ángeles Pallarés, por enfermedad. Por su parte, Ruth Sanz, ha intervenido por vía telemática.
