CASTELLÓ. La Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana mantienen una estrecha colaboración para dar respuesta a los problemas existentes en el entorno rural, entre los que destaca la escasez de viviendas. En este sentido, se han entablado contactos entre la institución provincial, la Directora General de la Agenda Valenciana Antidespoblamiento (AVANT), Jannette Segarra, y el director general de Urbanismo de la Conselleria de Políticas Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Vicente García Nebot, que desembocarán próximamente en la firma de un convenio para elaboración de un estudio técnico a modo de auditoria, que identifique la situación en la que se encuentra cada municipio y los inmuebles susceptibles de ser recuperados para uso residencial con los que cuentan. El objetivo que se persigue es "conseguir un parque de viviendas, principalmente de alquiler, que haga más atractiva la idea de residir en el interior de la provincia".
Es una información que ha dado a conocer el presidente de la Diputación, José Martí, quien ha señalado que "si queremos fijar población, tenemos que resolver previamente el problema de la escasez de vivienda".
En similares términos se ha pronunciado el diputado provincial de Acción contra la Despoblación, Santi Pérez, quien tiene puestas muchas esperanzas en este estudio porque "una vez finalizado y extraídas las conclusiones pertinentes, podremos implementar medidas que ayuden a resolver el déficit de viviendas que padece el interior de Castellón".
Al respecto, ha manifestado que "en los pueblos hay muchas viviendas antiguas en desuso que no cumplen los cánones de confort propios del siglo XXI, que hemos de ser capaces de recuperar". "La reforma de viviendas", ha dicho, "puede ser además una vía de generación de actividad económica en los pueblos que hay que tener muy en cuenta".
El presidente Martí ha añadido que, "aunque en estos meses ha sido imprescindible centrarnos en cómo combatir la pandemia y los efectos de la crisis que acarrea, en las administraciones seguimos dando pasos en materia de reto demográfico". En este sentido, valora de forma "muy positiva" la modificación del decreto de Presidencia de la Generalitat publicada en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, sobre las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a incentivar y fomentar la prestación de servicios bancarios básicos en los municipios de interior de la Comunitat Valenciana.
Del mismo modo, considera un acierto que la nueva redacción incluye un incremento de la cantidad asignada a las entidades licitadoras, que había quedado desierta en la convocatoria anterior "porque superar la brecha financiera también resulta fundamental para las poblaciones de interior, que necesitan ampliar y mejorar el catálogo de servicios existentes para hacer más fácil la vida de las personas, facilitar el emprendimiento local y atraer posibles inversiones que ayuden a incrementar el número de habitantes".
Es una idea que comparte el diputado de Acción contra la Despoblación, Santi Pérez, quien concede mucha importancia al hecho de que el decreto establezca "la obligatoriedad de que los cajeros permanezcan operativos todo el año y las 24 horas del día, sin que en ningún caso se permita que el servicio pueda estar interrumpido más de dos jornadas laborales, salvo causa de fuerza mayor".
En este sentido, Pérez ha calificado de "decisiva" la labor que viene desarrollando la Dirección General de la Agenda Valenciana Antidespoblamiento (AVANT), que tiene su sede en Castellón, y con cuya directora general, Jannette Segarra, y su director adjunto, Evaristo Martí, mantiene reuniones periódicas en las que la solución al problema de la falta de cajeros ha estado muy presente durante los últimos meses.
