CASTELLÓ. Una familia sobre la que pesa una orden de expropiación de su vivienda por las obras del acceso ferroviario a PortCastelló ha conseguido aplazar dos días su marcha y dispondrá de una alternativa habitacional ofrecida por el Ayuntamiento.
Nuria vive en la casa afectada junto a sus dos hijos menores. Estaba convocada por el Administrador de Infraestructuras (Adif) a las 11 horas de este lunes para abandonarla. Su residencia es una villa situada al inicio de la autovía del puerto y por sus terrenos se ha proyectado el enlace ferroviario. Su residencia es objeto de un proceso de expropiación forzosa por coincidir con una infraestructura de interés general.
Técnicos de Adif se han personado con el auto judicial que ampara la ocupación de la casa junto a un dispositivo policial, mientras Nuria, junto a sus hijos, avanzaba con la recogida de sus enseres y aguardaba una llamada de su abogado, quien se había desplazado a la Ciudad de la Justicia para intentar demorar la expropiación. Finalmente, la representación legal de la propietaria ha podido aplazar su salida alegando el poco tiempo dado para abandonar el lugar -se le informó el 12 de agosto que tenía que irse el 19- así que como el hecho de que todavía no disponía de otra casa para vivir.
El juzgado ha atendido la petición y ha fijado el miércoles para la salida a fin de que tenga tiempo para trasladarse a una nueva vivienda, un piso municipal que estos últimos días ha gestionado la Concejalía de Vivienda. El consistorio había planteado anteriormente tres opciones pero habían sido rechazadas por no reunir las condiciones para la familia, teniendo en cuenta que uno de sus hijos tiene una discapacidad del 70 % y requiere unas necesidades especiales. La última opción ha convencido a los nuevos inquilinos.
El procedimiento de expropiación comenzó en febrero instándose a la familia a dejar su casa de manera voluntaria al tener que ser derribada por las obras del tren. En este caso, Adif promueve una ocupación por la vía de urgencia, y según marca la legislación, primero se materializa la ocupación y luego se paga el justiprecio.
Pero el abogado ha explicado que dadas las circunstancias personales el Estado tendría que haber abonado como medida cautelar antes el justiprecio para que la familia dispusiera de una cantidad para adquirir otra vivienda, por "una cuestión de humanidad".
El representante de Nuria ha criticado con dureza la actuación de Adif y ha agradecido la labor del consistorio por facilitar una vivienda. "Se ha evitado un atropello constitucional, porque las medidas que ha impulsado del Ayuntamiento han evitado que la familia se viese en la calle sin ninguna solución ", ha añadido.
El desalojo no tiene marcha atrás pero los afectados han presentado un recurso contra el proceso de Adif, por no contemplar la situación de los desalojados en la expropiación y no impulsar el pago de la misma antes de la ocupación. "No es un campo de naranjos", han señalado las mismas fuentes.
"Somos una familia numerosa y vulnerable y el estado no me ha dado antes una vivienda ni me ha pagado el justiprecio. Pido que me abonen lo que merezco para tener otra vivienda", ha señalado Nuria, visiblemente nerviosa.
Desde Adif reiteran que han cumplido "de forma rigurosa con el procedimiento regulado por la ley de expropiación forzosa" y que se le abonó 5.986 euros para gastos de la mudanza.