La Generalitat finiquitará la evaluación ambiental del Plan General de Castelló antes de un mes

CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló empieza a ver la luz al final del túnel con la declaración ambiental de la parte estructural del Plan General (PG), principal freno para avanzar con la farragosa tramitación administrativa. La Generalitat Valenciana ya maneja plazos y apuesta por aprobar la declaración antes de un mes, entre la última quincena de junio y la primera de julio.

Fuentes de la Conselleria de Obras Públicas advierten que el informe sobre el plan de inundabilidad encara su recta final. Incluso, se espera que esté cerrado en un intervalo de 10 días para, así, incorporarlo al sumario que contiene las autorizaciones de Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), las otras dos administraciones implicadas en la certificación.

Una vez completado el expediente, será la comisión territorial de evaluación ambiental la que dará el último visto bueno. En principio, se reunirá en las próximas semanas, teniendo en cuenta que suele celebrar una sesión ordinaria por trimestre y que desde el estado de alarma permanece en estado de hibernación.

Acuerdo plenario

Con todos los informes favorables, la declaración se remitirá al consistorio para que la corporación lo avale en una sesión plenaria. Ese acuerdo se incorporará al expediente que, de nuevo, se enviará a la Conselleria. A partir de ese momento, comenzará la cuenta atrás del Plan General.

Antes de devolver el documento a Transición Ecológica para afrontar la última fase del procedimiento burocrático, el Ayuntamiento habrá reajustado tanto la parte estructural como la pormenorizada, siguiendo las directrices marcadas por la evaluación ambiental.

Desde el equipo de gobierno se sigue insistiendo en que, a pesar de que todavía quede mucho camino por recorrer, no será necesario solicitar una nueva prórroga de las normas transitorias de urgencia. Las actuales expirarán el 1 de abril de 2021, tiempo más que suficiente para culminar la aprobación del Plan General, según fuentes del Acord de Fadrell.

Castelló es la única capital de provincia de la Comunitat Valenciana que continúa sin un marco legal después de la anulación del PGOU del PP en 2008. Esa anómala situación provoca que muchas multinacionales miren hacia otros municipios para desarrollar proyectos urbanísticos. Sin una seguridad jurídica, las inversiones pasan de largo, algo que se viene repitiendo desde 2015 a pesar de los esfuerzos del ejecutivo local por acortar los plazos respecto a la tramitación del PG.