La oposición alerta que la nueva Zona de Bajas Emisiones pone en riesgo 11 millones de fondos europeos 

CASTELLÓ. La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, "ha iniciado un camino de demagogia y mentiras ante los ciudadanos y ciudadanas del municipio que puede llevarnos a perder los fondos europeos conseguidos por la anterior corporación para impulsar proyectos de movilidad y para cumplir con las premisas europeas de crear Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)".

El portavoz adjunto del grupo municipal socialista, José Luis López, señala que "la señora Carrasco está en todo su derecho, faltaría más, de analizar los proyectos ya aprobados, pero asistimos estos días con estupor a sus opiniones públicas sobre la ZBE y su propuesta final". Al respecto, apunta que "ver en sus redes sociales decir sin tapujos que ‘no queremos restringir al tráfico una zona de 745.000 metros cuadrados’ nos genera, sencillamente, estupor, porque no se puede ir en contra de lo que marca Europa".

El portavoz adjunto socialista recuerda en este sentido que, esta misma semana, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha advertido a todos los ayuntamientos de España que, si las nuevas corporaciones creadas tras el 28M deciden no poner en marcha las Zonas de Bajas Emisiones, o incluso modifican los proyectos de movilidad sin justificar, "se retirarán los fondos europeos recibidos para impulsar la movilidad sostenible". "insisto, se trata de cumplir con las directivas europeas, así que espero que aquí no busquen politizar algo que no lo es", explica López.

La advertencia se ha hecho por medios de cartas remitidas a los 200 ayuntamientos que han recibido recursos económicos de Europa para implantar zonas de bajas emisiones y apostar por cambios en la movilidad urbana.

El Ayuntamiento de Castelló, con el gobierno impulsado por el PSPV durante estos últimos años con Amparo Marco a la cabeza, "ha hecho de la captación de recursos económicos de Europa uno de sus principales retos, y gracias a ello se han logrado 11 millones para impulsar algo a lo que no podemos renunciar: diseñar áreas en las que está limitado el acceso, circulación y estacionamiento de vehículos a motor".

El proyecto presentado a la opinión pública por PP y Vox Nos deja claro "que se va a dejar que los coches pasen por la Zona de Bajas Emisiones y que se van a crear cuatro estacionamientos disuasorios de pago para hacer que vecinos y visitantes pasen por caja". Y sobre el aumento de arbolado, "veremos si se cumplen con los preceptos legales de separación de fachadas y aceras, porque esa limitación es la que nos encontramos a nivel técnico para haber planteado más zonas verdes".

Compromís habla de "despropósito"

Por su parte, Compromís ha mostrado su indignación frente al anuncio del Partido Popular de no limitar de ninguna forma el tráfico en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Ignasi Garcia, portavoz del Grupo Municipal de la formación al Ayuntamiento de Castelló, ha asegurado que "es un despropósito tanto las formas como el resultado de la modificación del proyecto".

Garcia ha criticado a Carrasco por el hecho de tener las modificaciones cerradas "antes incluso de reunirse con los vecinos". "Así es como entiende el Partido Popular la participación ciudadana: como un escaparate", ha asegurado el portavoz. En este sentido, Compromís ha puesto en entredicho el proceso participativo del Ayuntamiento en el que, según Garcia, "el desmantelamiento de la ZBE estaba claro dijeron el que dijeron los vecinos".

"Somos conscientes que hay cuestiones que se tienen que saber conjugar, y así lo llevábamos a nuestro programa". "Hay transportistas que todavía no se han podido adaptar a las normativas europeas", ha añadido Garcia en referencia a limitación del tráfico que alcanza al comercio, "por eso hace falta diálogo y consenso, pero el de verdad".

Garcia ha asegurado que, cuando tengan el proyecto que ya han pedido en comisión, estudiarán las modificaciones y «en caso de que sean positivos para la ciudad» tendrán el apoyo de Compromís, a pesar de que ha puesto en entredicho que el PP llegue a un acuerdo en 36 horas desde la primera reunión hasta que presentes el proyecto. "No es realista", ha aseverado.