La retribución de la concejala tránsfuga divide a los seis grupos políticos en Castelló

CASTELLÓ. La retribución de la concejala tránsfuga, Paula Archelós, divide a los seis grupos municipales en el Ayuntamiento de Castelló. Mientras el PSPV y Ciudadanos son partidarios de reducir drásticamente su remuneración para que cobre solo por asistencias, el PP, Compromís, Podem-EUPV y Vox apuestan por aplicar otros criterios económicos. Por ejemplo, repetir la misma fórmula que con Juan María Calles, el único precedente de un edil díscolo y al que se le mantuvo el salario tras abandonar las filas socialistas para pasar al grupo de no adscritos en 2014.

La disparidad de opiniones impidió este lunes tomar una decisión respecto a la exregidora liberal. A pesar de que el debate sobre su futuro se prolongó durante más de una hora, lo cierto es que resultó imposible alcanzar un consenso, por lo que los portavoces se volverán a ver las caras en una convocatoria extraordinaria este miércoles, a partir de las 13.00 horas.

El partido naranja sigue insistiendo en que "no se puede premiar los comportamientos poco éticos", una argumentación que comparte la principal fuerza del gobierno municipal. Sin embargo, sus dos socios (valencianistas y la confluencia) tienen una visión diferente, ya que consideran que el castigo se produce desde el momento en que se declara a la munícipe inhábil para presentar mociones, declaraciones institucionales o enmiendas, como recoge en el informe de la secretaria municipal. Ambos entienden que el recorte de emolumentos resulta inapropiado.

Distintos pareceres

"Nos hemos posicionado con Compromís, Vox y PP planteando que mantenga sus condiciones", asegura el portavoz de la convergencia, Fernando Navarro. La formación que lidera Ignasi Garcia se muestra más cauta y se limita a advertir que "no nos pronunciaremos ahora, porque todas las opciones están encima de la mesa". El PP reitera que se debe seguir la misma regla que con el caso de transfuguismo de Calles. "Un concejal es un cargo electo, con unos derechos reconocidos. Hay un precedente en el Ayuntamiento y se tienen que aplicar los mismos criterios. No puede ser a la carta", subraya.

Archelós comunicó su marcha de Ciudadanos el pasado 7 de mayo con un escrito por registro y dirigido tanto a la alcaldesa, Amparo Marco, como a la citada secretaria municipal. Para que los grupos valoraran su nueva situación dentro de la corporación, resultó imperativo encargar un informe jurídico, en el que se señala que "los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia". En efecto, se trata de un extracto del artículo 30 del reglamento orgánico del pleno y comisiones.

El sueldo de la exconcejala de Ciudadanos asciende a 14.118,60 euros anuales, es decir, 1.176,55 euros mensuales por una dedicación del 20%. El partido liberal, como ha recalcado su portavoz, Alejandro Marín-Buck, en los últimos días, pretende eliminar esa remuneración fija para convertirla en variable, en función de la asistencia (155 euros y 47 euros por pleno y comisión, respectivamente). Para que esa propuesta salga adelante, necesita una mayoría en la junta de portavoces. Por el momento, solo cuenta con el respaldo del PSPV. Con Calles, el acuerdo se adoptó por unanimidad.

Cinco declaraciones institucionales

Los nuevos derechos de Archelós se aprobarán en última instancia en el pleno de este jueves, en el que se debatirán cuatro mociones y se avalarán hasta cinco declaraciones institucionales. Una, sobre la no implantación de peajes en las autovías; otra dirigida a resolver la problemática del sector pesquero; una tercera respecto al origen de las bandas de música valencianas; la cuarta, en contra de la exclusión financiera de las personas vulnerables; y la última relativa al Centro de Información, Coordinación y Emergencia de Castellón (CICU), oponiéndose a su desmantelamiento.