CASTELLÓ. La tránsfuga de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Castelló, Paula Archelós, se expone a perder más del 75% de su retribución mensual. La junta de portavoces, con los representantes de los seis grupos municipales (PSPV, PP, Compromís, Cs, Podem-EUPV y Vox), debe decidir sobre el futuro de la concejala en función del informe de la secretaria municipal. Todo apunta a que el documento jurídico incluirá, entre las distintas soluciones, desde mantener la actual remuneración de la edil hasta que su salario se limite a cobrar solo por acudir a los plenos o comisiones, si es que se le asigna alguna.
La ex munícipe naranja, que el pasado 7 de mayo formalizó la renuncia por registro para solicitar su pase al grupo de no adscritos, tenía una dedicación parcial del 20% (ocho horas), por la que percibía una nómina mensual de 1.176,55 euros (14.118,60 euros como sueldo anual). En el caso de ingresar finalmente una cantidad por asistencia, esa cifra se vería notablemente reducida y variaría dependiendo de la posibilidad de participar o no en grupos de trabajo. Por sesión plenaria, obtendría 155 euros y por comisión 47 euros.
Según el punto 4 del artículo 30 del reglamento orgánico del pleno, "los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia". Esto quiere decir que como máximo ganará lo mismo que en su etapa como regidora de Cs. A esa cuantía, en ningún caso, podrá añadir el fijo anual que tiene cada fuerza política (3.500 euros) para gastos de representación institucional. Del mismo modo, de los 1.379 euros asignados por concejal (mismo concepto que el anterior), solo estará en condiciones de percibir el 50%, pero siempre que la suma no supere esos 14.118,60 euros si al final se decide respetar sus honorarios.
Existe un precedente lejano en el tiempo que puede arrojar algo de luz. En abril de 2014, Juan María Calles solicitó ingresar en el grupo de no adscritos después de que el PSPV, partido con el que concurrió a las elecciones (lo hizo, además, como cabeza de lista), le pidiera su acta de concejal tras ser condenado por conducir triplicando la tasa de alcohol permitida.
El munícipe se negó entregar dicha acta y la junta de portavoces se tuvo que pronunciar acerca de su situación. A la vista del informe de la secretaria municipal, se acordó por unanimidad mantener su remuneración invariable (entonces, de 800 euros), pudiendo participar únicamente en una comisión de pleno y no en las informativas ni en la de portavoces. Asimismo, se le habilitó para realizar un ruego o pregunta por sesión, sin poder presentar mociones o declaraciones. Su participación en los debates plenarios se acotó a la mitad de tiempo que los demás grupos.
Desde Ciudadanos se sigue instando a Archelós a que abandone la corporación y permita a la siguiente en la lista, Mari Cielo Leiros, estrenarse como munícipe. La petición del grupo municipal cuenta con el respaldo de la agrupación local, cuya junta directiva y los militantes consideran imperativo la devolución del acta.
Con independencia de que la tránsfuga termine cediendo, el partido liberal se ha visto obligado a reestructurar internamente el reparto de tareas en el Ayuntamiento. Esteban Ventura se encargará de la comisión de las Personas y Derecho Sostenible, que compaginará con Ordenación del Territorio. El sillón en el Consejo de Igualdad de Oportunidades Mujeres y Hombres y en el de Bienestar Social, hasta ahora responsabilidad de Archelós, se le ofrecerá a los afiliados del colectivo para así implicarlos en la participación de la actividad municipal, como ya se hace con las Juntas y Consejos de Distrito.
Al respecto, Cs ostenta dos representantes electos en el Distrito Norte y en el Grau. En el primer caso, la designada era la regidora, que será sustituida por Vicente Vidal. Respecto al segundo, Ventura mantendrá su estatus en calidad de edil. Con la marcha de Archelós, la formación naranja se queda con tres concejales, los reseñados y el portavoz, Alejandro Marín-Buck.