La Unió denuncia al Gobierno que varias empresas no cumplen sus contratos para la compra de cítricos

CASTELLÓ. La Unió de Llauradors ha remitido diversas denuncias a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) -dependiente del Ministerio de Agricultura- para que inicie los controles e inspecciones requeridos con objeto de comprobar el presunto incumplimiento de algunos contratos de compraventa de cítricos. La AICA ya ha informado a la organización agraria de que realizará las comprobaciones oportunas sobre esos posibles incumplimientos a la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

La Unió ha detectado que algunas empresas compradoras de cítricos, sin causa justificada, han recolectado prácticamente la mitad de la fruta comprometida en el contrato incumpliendo la obligación de recolección recogida tanto en la Ley como en los propios contratos que emiten estas empresas.

A ello hay que añadir que tampoco figuran en la mayoría de los contratos las condiciones de pago de la compraventa, tal y como establece el apartado 1.d del artículo 9 de la Ley 12/2013, así como las causas, formalización y efectos de la extinción del contrato estipulado en el apartado 1.i del mencionado artículo.

Ésta y otras circunstancias hacen necesaria una modificación de la normativa de la cadena agroalimentaria. Por ello la organización agraria abogó la pasada semana en el Congreso de los Diputados por una regulación del poder de negociación para evitar el desequilibrio actual que existe entre los diferentes operadores, ya que no puede ser el margen de beneficio de los productores el que absorba los incrementos de costes a lo largo de la misma, tal y como está ocurriendo en la actualidad. 

"No puede ser que algunos agentes impongan sus condiciones al eslabón más débil de la cadena, que habitualmente es el sector productor primario", señalan desde la organización que también considera que una adecuada protección de la cadena exigiría dos actuaciones: por una parte, y tras las gestiones realizadas por la Agencia de Información y Control Alimentarios, la publicación íntegra de todas las resoluciones que finalicen con sanción –como medida desincentivadora para el infractor-; y, por otra, la instauración en la Ley de la cadena de un sistema de reclamación de daños y perjuicios derivados del incumplimiento decretado en resolución administrativa o judicial firme.

Para La Unió, es necesario establecer asimismo costes de referencia para cada producción dentro de una horquilla lógica en función de tamaño de la explotación y su situación. Este proceso de establecer la horquilla de costes lo debería tutelar la Administración, pero quien lo han de calcular son las Interprofesionales, ya que está dentro de sus finalidades.