La Unió denuncia que la propuesta de la PAC reduce las ayudas a la renta y aumenta los costes

CASTELLÓ. La Unió de Llauradors considera que las propuestas reglamentarias adoptadas esta semana por los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE), en el seno del Consejo de la UE, sobre la futura Política Agraria Común (PAC), supondrán recortes a las rentas de las personas agricultoras y ganaderas de la Comunitat Valenciana.

La organización agraria recuerda que este acuerdo no es definitivo y deberá ir a negociación con la posición mañana del Parlamento Europeo y con la Comisión Europea. No obstante, la orientación del Consejo Europeo, sobre la base de los documentos de compromiso de la presidencia alemana, permitiría a los gobiernos nacionales un amplio margen de maniobra para decidir sobre su PAC.  

Ese amplio margen de discrecionalidad a los Estados miembros para otorgar y distribuir las ayudas de la PAC puede ser clave. En este sentido, La Unió le recuerda al ministro de Agricultura, Luis Planas, su compromiso para que las ayudas se dirijan cada vez más a los profesionales y que se fije una proporción significativa de vinculación de los ingresos a la agricultura de al menos el 25%. También su compromiso hacia una PAC más mediterránea, con mayor apoyo a las frutas y hortalizas (principal sector en la Comunitat Valenciana), al que cabría añadir un mayor apoyo a toda la ganadería "como parte fundamental de nuestras zonas de interior y en claro riesgo de despoblación".

A falta de conocer lo que hará definitivamente el Gobierno de España, de inicio esta nueva PAC comportará, seguro, la reducción de las ayudas directas, a la vez que la nueva condicionalidad reforzada (buenas condiciones agrarias medioambientales y requisitos legales de gestión), obligará a destinar una parte significativa (entre el 20% y el 23%) de las ayudas directas anuales a los nuevos ecoesquemas (regímenes a favor del clima y el medio ambiente que solo compensan total o parcialmente los costes adicionales o las pérdidas de ingresos que comportan).

Para la organización, la reducción de las ayudas directas y el incremento de los costes de producción no compensados totalmente (condicionalidad reforzada y ecoesquemas), únicamente añadirán más competencia desleal al mercado en beneficio de las importaciones de países terceros, puesto que pretenden condicionar con más obligaciones en materia de medio ambiente al 40% del conjunto total de fondo de la UE que se tendrán que dirigir a este tipo de acciones. En este sentido, dificultarán que las personas agricultoras y ganaderas valencianas hagan frente a los retos de la seguridad alimentaria, el uso sostenible de los recursos y el crecimiento, sin que exista reciprocidad con las importaciones de países terceros.

La organización considera insuficientes asimismo las medidas para las crisis en los mercados que proponen los ministros de Agricultura de la UE, puesto que supone un claro atentado a la libre competencia en el mercado único el hecho de que la herramienta de estabilización de ingresos general o sectorial se mantenga en el desarrollo rural, con aportación económica de la Generalitat y del Estado, cuando una herramienta de estas características tendría que estar financiada íntegramente por la UE. “Tal y como están los mercados, sería fundamental contar con herramientas eficaces para diagnosticar y reaccionar a las crisis”, apunta La Unió, “pero aquí tampoco tenemos grandes correcciones sobre lo mal que se ha respondido hasta ahora desde la PAC a las dificultades de los sectores”.

La propuesta tampoco afronta la actualización de la normativa sobre competencia para dotar a las administraciones de medidas más eficaces para evitar, perseguir y sancionar las prácticas abusivas que se imponen en la cadena alimentaria por parte de los oligopolios de la distribución y por una parte de la agroindustria. En este sentido, se obvia que la alimentación, con una demanda inelástica, necesita de una definición de posición de dominio acotada y más baja que la de productos con demanda elástica, y definir la venta a pérdidas a la cadena alimentaria, que tiene que incorporar en el precio de compra del producto los costes fijos y variables de la comercialización de los alimentos.

Como elemento positivo, si se confirma, La Unió señala la prórroga hasta 2040 del mecanismo de autorizaciones de plantaciones de viñedo, cuya expiración estaba prevista para 2030, “aunque nos gustaba más el sistema de derechos cuando estaba en manos del viticultor que éste, no podemos abocarnos a una liberalización total del viñedo”.