La Unió pide ayudas para los productores de cereza por las pérdidas de las últimas campañas

CASTELLÓ. La Unió Llauradora solicita ayudas directas para los productores de cereza de la Comunitat Valenciana que llevan ya cinco campañas seguidas con una baja producción como consecuencia de las inclemencias climáticas y que sufren la falta de un "seguro útil que se ajuste a la realidad productiva del sector".

Según ha denunciado la organización en un comunicado, las constantes lluvias de mayo han "arruinado" la cosecha en buena parte de las zonas productoras, con especial incidencia en la zona de la IGP Cerezas de la Montaña de Alicante, donde existen muchas explotaciones con pérdidas totales ya que a las precipitaciones se suma la sequía anterior y las elevadas temperaturas en la floración.

Productores, cooperativas y empresas están atravesando así una "grave crisis que provoca una desaparición importante de zona cultivada", ha subrayado La Unió. En la Comunitat Valenciana, según los últimos datos publicados de 2021, hay 2.522 hectáreas de cerezos, de las que el 74 por ciento se sitúan en la provincia de Alicante (el 96% de la cosecha alicantina se ubica en la zona amparada por la IGP), el 23% en la de Castellón y solo el 3% en la de Valencia.

Las principales zonas de cultivo se sitúan en las comarcas alicantinas del Comtat, Marina Alta y Vinalopó, la Serra d'Espadà, Alto Mijares, Alto Palancia y Maestrat en la de Castellón y la Serra Calderona en Valencia.

400 hectáreas abandonadas

En los últimos seis años se han abandonado casi 400 hectáreas cultivadas de cerezos, el 13% de la superficie. De esta cantidad, 292 hectáreas corresponden a la provincia de Alicante, lo que significa que el 74% de las tierras pérdidas en la Comunitat Valenciana se sitúa allí, la mayor parte en la zona amparada por la IGP Cerezas de la Montaña de Alicante. En la de Castellón se han abandonado 130 hectáreas, el 19% de su superficie.

En relación a la producción, destaca que el parámetro que la ha marcado hasta provocar cosechas mínimas es la concatenación de diversos factores climatológicos. "Se trata sin duda de uno de los cultivos a los que más está afectando el cambio climático", ha asegurado La Unió, que ha incidido en que, por ejemplo, en la IGP Cerezas de la Montaña de Alicante se esperaban unos cuatro millones de kilos esta campaña, "que se habrán quedado en apenas 500.000".

Solo 174 pólizas de seguro

La Unió cree que hay que apoyar a los productores con "incentivos directos" sobre todo ante un seguro "que no se está adaptando a las exigencias en cuanto a coberturas sobrevenidas por el cambio climático, además de no estar ajustados los rendimientos garantizados a las realidades de producción de las explotaciones".

Según los datos recabados por la organización, el pasado año únicamente se contrataron 1.044 pólizas del seguro de cereza en toda España para una superficie de 6.146 hectáreas y 38,2 millones de kilos. En la Comunitat Valenciana fueron solo 174 pólizas para 849 hectáreas.

En este sentido, La Unió propone ayudas destinadas a las personas titulares de las explotaciones agrícolas, que teniendo póliza en vigor para este cultivo, hayan sufrido pérdidas superiores al 30% de su producción y no estén garantizadas por este sistema de seguros agrarios combinados.

También que no se limite la concesión de ayudas de carácter extraordinario para aquellos seguros que tengan una baja implantación debido a que las coberturas no se adaptan a las necesidades del sector como es el caso del cerezo.

La Unió propone así mismo una reducción del índice de rendimiento neto en el IRPF para las producciones afectadas por siniestros con daños superiores al 30% en el cultivo del cerezo o la condonación del pago del IBI; una bonificación del 50% de las cuotas de la Seguridad Social y el aplazamiento del otro 50% durante 12 meses para los incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

Finalmente, la organización propone que en el caso de siniestros con daños superiores al 30% se establezcan líneas de crédito preferenciales de cinco años, con uno de carencia, y con una bonificación total de los intereses.