CASTELLÓ (EFE). La Unió de Llauradors ha reivindicado que se dote de más recursos a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para aumentar las inspecciones en materia agroalimentaria y que las sanciones sean más contundentes.
La organización agraria lanza esta solicitud después de que el informe elaborado por la Organización Europea de Consumidores y distribuido a nivel estatal por la OCU revele el recorte en la UE de los presupuestos y recursos dedicados a las inspecciones alimentarias (en el caso de España del 8,6 %) entre los años 2009 y 2017.
La Unió considera necesario que se dote a la AICA de más recursos presupuestarios y de más medios personales para rentabilizarlos, así como ampliar las actuaciones dirigidas a erradicar de la manera "más eficaz" las prácticas desleales en la cadena alimentaria. Insiste además en que estos controles son claves para garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores europeos y evitar así que las importaciones de cítricos con plagas procedentes de terceros países puedan entrar en nuestro territorio.
"En esta, como en otras muchas cuestiones -asegura la organización- los agricultores y ganaderos tenemos que tener una total complicidad con los consumidores" como la mejor forma para valorar el esfuerzo de los productores valencianos para proveer a los consumidores de excelentes productos en términos de "calidad, sanidad y bienestar animal". Además, señala que estos controles son también necesario para que estos valores se trasladen al precio en origen.
Según un informe de la AICA, desde la puesta en marcha de la entidad se han interpuesto 1.735 sanciones por un montante total de 10,6 millones de euros, informa la Unió. En el caso de las industrias, la multa media estaría por debajo o en el entorno de los 3.000 euros y en las empresas de distribución directa al consumidor, sobre la cual recae la mayor cuantía de las sanciones, rondaría los 28.000 euros.
"Estos datos revelan un importe medio de las sanciones realmente bajo y escasamente punitivo si se comparan con algunas de las cifras de negocio de grandes empresas del sector", afirma la organización agraria.
La Unió considera que se tiene que revisar el régimen sancionador de la Ley en cuanto al importe, tipificación de gravedad y graduación de las multas, de forma que lleguen a ser realmente disuasivas de la realización de prácticas contrarias a la Ley. Además, pide que se aplique, ampliándola a todos los infractores, la sanción complementaria que la ley contempla, consistente en publicar la lista de todos ellos, no solo los casos muy graves, indicando la multa y el motivo.