La Unió propone que las grandes cadenas hoteleras cumplan también la Ley de la Cadena Alimentaria

CASTELLÓ. La Unió de Llauradors, a través de su organización de ámbito estatal Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ha mantenido durante las últimas semanas una serie de reuniones con diferentes grupos políticos para trasladarles las modificaciones que, a juicio de la organización, deben ser incorporadas a la Ley de la Cadena Alimentaria, cuyo periodo de alegaciones finalizó ayer, para mejorar la posición de las personas agricultoras y ganaderas.

La organización agraria se ha reunido con todo el arco parlamentario para trasladarle, entre otras propuestas de enmienda, la necesaria ampliación del ámbito de la ley, incluyendo su aplicación sobre los depósitos mercantiles, las entidades asociativas o el canal Horeca, ya que, en su opinión, las grandes cadenas hoteleras o de restauración no deben quedar libres tampoco de cumplir la Ley.

Igualmente, L a Unió cree de suma importancia que la vigilancia sobre el incumplimiento de los contratos se mantenga en el ámbito administrativo, de tal manera que la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) sea el organismo responsable de velar para que los precios pagados a los agricultores y ganaderos se sitúen por encima de los costes efectivos de producción, sin que los productores tengan que acudir a los tribunales. En este sentido, la organización propone el establecimiento de un sistema público de elaboración de costes de producción de referencia para contratos agroalimentarios obligatorios establecidos en la Ley de la Cadena alimentaria.

No vender a pérdidas

Regular la reventa a pérdidas, el poder de mercado, entendido como el poder sobre la negociación y la compra, así como establecer la posición de dominio son otros de los temas que la organización considera fundamentales e imprescindibles para que las administraciones dispongan de las herramientas legales necesarias para velar que no se produzcan abusos y, si existen, sancionarlos.

En este sentido, insiste en que se ponga en evidencia fehacientemente las sanciones, reflejando los datos del infractor, la falta, su gravedad y la multa, porque para una empresa la pérdida de credibilidad y reputación es más correctiva que la sanción económica. “Es bueno que los agricultores y ganaderos, pero también los consumidores, conozcan cuanto antes qué empresas no actúan con honestidad en la cadena”, señalan. A este respecto pide también un aumento del importe de las multas de tal forma que a las grandes corporaciones no les compense infringir la ley, al contrario de lo que se está haciendo hasta la fecha, imponiendo sanciones más simbólicas que punitivas.

Seis años pero sin efectividad

Desde su entrada en vigor en 2014, la Ley de la Cadena Alimentaria no ha servido para reforzar la posición de los productores en la cadena, ni para reducir la brecha de precios entre los consumidores y los productores. En este sentido, la organización recuerda que la norma ya se discutió en sede parlamentaria a raíz de la transformación en Ley del Real Decreto Ley 5/2020, pero “se perdieron muchos meses y esfuerzos para que todo quedase igual. Ahora se cuenta con otra oportunidad para hacer las cosas mejor”, comentan.

A tal fin, la organización busca con sus enmiendas que salga de las Cortes la mejor Ley posible, siendo consciente de que aún quedan muchas cuestiones en las que trabajar para equilibrar la cadena y que los agricultores y ganaderos obtengan precios justos por sus producciones. Entre dichas cuestiones, la organización cita la reforma también de la ley de Interprofesionales, una política comercial que proteja el modelo agrario o la condicionalidad de las ayudas públicas para los operadores que contribuyan a una cadena alimentaria y un reparto justo del valor añadido.

La Unió espera que los grupos políticos se muestren receptivos a sus propuestas y contribuyan a una ley que ayude a equilibrar la cadena alimentaria y a frenar los abusos por parte de industria y distribución.