La UTE Condisa-Ortiz gana la licitación para la reforma de Borrull por 11,9 millones de euros

CASTELLÓ. La Unión Temporal de Empresas (UTE) Condisa-Ortiz gana la licitación para ejecutar la reforma del edificio de Borrull. Con una calificación de 83,93 puntos se ha impuesto a las otras 12 empresas postulantes. Entre ellas, la castellonense Becsa (82,88 puntos) y al Grupo Bertolín (80,92 puntos), que han quedado en segunda y tercera posición, respectivamente. La adjudicataria se compromete a acometer la obra civil por 11,9 millones de euros, rebajando en seis millones de euros el presupuesto base de 17,9 millones. Los trabajos se alargarán durante 22 meses para concluir la rehabilitación a finales del primer trimestre de 2023 o principios del segundo.

Una vez resuelto el concurso público, ahora la concesionaria del proyecto tendrá que justificar su viabilidad técnica y económica en el plazo de 10 días. La propuesta de adjudicación se publicará posteriormente en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), lo que permitirá abrir un periodo de presentación de alegaciones. En el supuesto de que ninguna de que las mercantiles presente objeciones al resultado del proceso, entonces la UTE firmará con la Conselleria de Hacienda, entidad adjudicataria, el contrato de renovación del inmueble. La actuación arrancará a partir de la entrega del acta de comprobación de replanteo, lo que se producirá entre febrero y abril.

La reforma integral del edificio de Borrull pivotará sobre un gran patio central y ajardinado, que no solo proporcionará iluminación natural a las dependencias interiores, sino que también resolverá el acceso a los espacios de trabajo. La construcción del atrio reducirá ostensiblemente la superficie útil del inmueble, que pasará de los actuales 12.455,30 metros cuadrados a los 10.709,83 una vez finalizada la obra civil. Además, dividirá el inmueble en dos áreas muy concretas: la denominada zona A, que albergará distintos negociados del Ayuntamiento de Castelló relacionados con la atención ciudadana, destacando un amplia pieza para registro; y la zona B, donde se ubicarán los servicios sociales, de igualdad y políticas inclusivas, tanto municipales como autonómicos.