VILA-REAL. El pleno del Ayuntamiento de Vila-real ha avalado, con los votos a favor de PSPV, Unides Podem y Ciudadanos y la abstención del PP y Compromís, someter a información pública la versión preliminar y el estudio ambiental y territorial estratégico (EATE) de la modificación del PGOU relativa al régimen jurídico de gestión del suelo urbano; según ha puesto de manifiesto el concejal de Territorio, Emilio M. Obiol, se trata de “un paso importante” en la gestión que el actual equipo de gobierno está llevando a cabo para dar solución a la que califica como “hipoteca heredada de los gobiernos del PP” y el riesgo económico por las reservas de aprovechamiento de cerca de 700.000 metros cuadrados de techo a las que debe hacer frente el Ayuntamiento de Vila-real.
Obiol ha recordado en su intervención que esta “hipoteca” ha costado ya 28,4 millones de euros “pagados por este equipo de gobierno”, a los que se suman “cerca de 50 millones judicializados” y un riesgo futuro de “más de 200 millones de euros”. El edil socialista ha explicado que la modificación del PGOU impulsada por el actual gobierno “es el instrumento más eficaz y ágil para dar solución a esta situación”. La tramitación arrancó a finales de 2015 cuando se remitió la propuesta a la Conselleria, que dos años después emitió un documento de alcance con las condiciones ambientales que debía cumplir la modificación urbanística. Ahora, tras incorporar estas consideraciones, se someterá a información pública durante 45 días la versión preliminar y el estudio ambiental y territorial estratégico (EATE) de la modificación del PGOU, cumpliendo así el principal trámite ambiental para poder seguir avanzando en este cambio de la normativa urbanística.
En este sentido, el alcalde, José Benlloch, ha explicado que "la solución a los empastres urbanísticos del PP consiste en reclasificar suelo urbano que ahora tiene otros usos, como antiguas naves de talleres o zonas terciarias, para permitir la construcción de viviendas y, de esta manera, poder asignar en estas zonas las reservas de aprovechamiento que en su día el PP asignó a propietarios a pesar de que sabía que no cabían en el Plan General”. De esta manera, según expone el mandatario municipal, “se podrán asignar estos metros cuadrados de techo a los propietarios y que éstos no puedan reclamar el pago en dinero”, desactivando así el riesgo millonario que existe en la actualidad.
Para el PP, por su parte, la modificación urbanística aprobada este martes deja "en evidencia que el culpable del desastre urbanístico que sufre la localidad es el propio PGOU creado por el PSOE en el año 1993. Según explican fuentes del PP, los diferentes informes que acompañan la modificación propuesta por Benlloch que ayer se debatió en el pleno advierten de la necesidad de modificar el PGOU aprobado por los socialistas. Los propios informes, indican los populares, consideran al plan de los socialistas como el culpable de la avalancha de peticiones de expropiación que suman millones de euros para Vila-real.
De esta forma y según el PP, el Plan General aprobado en 1993 por el Partido Socialista en solitario ha puesto en riesgo el futuro de la localidad puesto que, tal y como ha explicado el portavoz del PP, Héctor Folgado, “el sistema contemplado en el PGOU del PSOE, comporta un impropio coste para el Ayuntamiento”. Es decir, la norma de los socialistas puede implicar un riesgo de 231 millones de euros para la localidad. Según explica el propio Folgado, el PP empezó a modificar este plan urbano iniciando la tramitación de un nuevo PGOU que hubiera corregido la situación actual, pero Benlloch, a su llegada a la alcaldía en 2011, decidió paralizar este nuevo plan, "condenando de nuevo a la ciudad al Plan de los socialistas que todavía hoy sigue arruinando a la ciudad", según sentencia el portavoz del PP.
Por unanimidad de todos los grupos políticos presentes (PSPV, PP, Compromís, Ciudadanos y Unides Podem) –la edil de Vox no ha asistido a la sesión plenaria- se ha acordado la exposición pública de otra modificación urbanística, en este caso un cambio de varios artículos de las normas del PGOU para facilitar las condiciones de edificación en la zona de la partida Madrigal destinada a la construcción de viviendas unifamiliares aisladas. Según ha recordado el concejal de Territorio, se trata de un nuevo paso en la tramitación de esta modificación que se aprobó inicialmente en mayo de 2019 y que tiene como objetivo “adaptar las condiciones a la actual situación del mercado” en una zona “muy dinámica” como la partida Madrigal, “todo con el objetivo de eliminar restricciones y facilitar a los propietarios que quieran edificar”, según Obiol.
En la sesión también se ha aprobado una declaración institucional de todos los grupos municipales para solicitar al Gobierno central “un estudio de medidas correctoras para reducir el impacto ambiental en las zonas limítrofes y sensibles en el paso de la AP-7 liberalizada, y la ejecución, lo antes posible, de las actuaciones que se deriven de este estudio”, según han informado este martes fuentes municipales a través de un comunicado. La declaración también pide “la conexión de la CV-20 con la AP-7 al término de Vila-real, en las condiciones que reflejaba el estudio de la Generalitat Valenciana de las nuevas conexiones una vez liberalizada la autopista AP-7”, así como “la adaptación de la capacidad estructural de los firmes para soportar el volumen de tráfico pesado” y la “posible incorporación de carriles adicionales al tronco del vial para mantener un nivel de servicio adecuado”.
Por otro lado, el pleno ha aprobado por unanimidad la solicitud a la Generalitat Valenciana de declaración de la Semana Santa local como fiesta de interés turístico autonómico por ser una de las más antiguas de la provincia y por el importante valor cultural y turístico de los actos que organizan la Junta Central de Semana Santa y las cofradías y hermandades de la localidad.
También y de manera unánime ha salido adelante la propuesta de los Premios 20 de Febrero de 2020, que este año galardonarán a Manuel Cerisuelo el Sirero, la revista Poble, Manuel Arrufat, Paulino Perona, María Cecilia Llorens y María Dolores Jordá. El acto de entrega se realizará el día 23 de febrero, con motivo de las Fiestas Fundacionales de la ciudad. Los grupos municipales también han apoyado unánimemente al nombramiento de la corte de honor de las fiestas de este año. María Carmona Altava ostentará el cargo de reina junto a seis damas: Alejandra Chulvi González, Andrea Girona Nieto, Ester García Segura, Rocío Castrillo del Sol, Sofía Padullés Beltrán y Tamara Munuera Moreno.