ALICANTE. La Audiencia de Castellón ha resuelto absolver a José Sepulcre, Juan Carlos Ramírez, Fernando Roig Negueroles, Toño García, Antonio Jurado y Wakaso Mubarak de la acusación de la comisión de un delito de estafa impropia, por el que les pedía tres años de cárcel. El motivo fue la salida del futbolista ghanés del Elche y su posterior fichaje por el Villarreal.
En un fallo fechado (y notificado a las partes) este 22 de diciembre, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón resuelve absolver a los anteriores y declara las "costas de oficio".
El juicio se celebró el pasado 4 de noviembre (tuvo una única sesión). El Ministerio Fiscal mantuvo en el mismo que los acusados habían simulado el despido disciplinario del mediocentro ghanés para regatear el pago de los derechos económicos a JP Sport Manager Deportivo, firma de representación que curiosamente ya no estaba personada en el procedimiento (la instrucción de la causa la motivó una querella suya, pero luego llegó a un acuerdo económico con los acusados -recibió 300.000 euros- y se retiró como acusación particular).
El tribunal, sin embargo, ha hecho suyas las tesis de las defensas, quienes obviamente defendían la legalidad de toda su actuación: que había razones fundadas para que el Elche procediera al despido del mediocentro y que, como consecuencia de lo anterior, Wakaso quedó libre pudiendo firmar por otro club si que este tuviera que abonar cantidad alguna a los titulares de sus derechos económicos.
Los hechos se remontaban a enero de 2011, cuando el futbolista fue despedido disciplinariamente por el Elche, encontrando acomodo a continuación en el filial del club amarillo.
JP Sport Manager Deportivo era titular del 42% de los derechos del jugador y se querelló contra Sepulcre, Ramírez, Roig, García, Jurado y el propio Wakaso, además de contra los clubes y las firmas Desgrachouski Sport y Gajur 2000 (quienes no llegaron a sentarse en el banquillo), sosteniendo que habían enmascarado el traspaso bajo la apariencia de un despido, provocando con ello que no cobrara 1.260.000 euros, el 42% de los 3.000.000 a los que ascendía la cláusula de rescisión que figuraba en el contrato del mediocentro. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Villarreal, quien estuvo al cargo de la investigación, decretó a finales de 2018 la apertura de juicio oral.
Los acusados recurrieron si suerte el mismo, al tiempo que llegaron al mencionado acuerdo económico con JP Sport Manager Deportivo, quien entonces se retiró como acusación particular. Sin embargo, la Fiscalía prosiguió con la acusación.