La cesión de derechos ‘ad eternum’ a À Punt aviva el debate entre las productoras

VALÈNCIA. El efecto dominó de un productor que ha dicho basta ha abierto un debate en las productoras por las condiciones, a un parecer generalizado abusivas, de la compra de derechos por parte de À Punt de algunos de sus productos audiovisuales. El criterio general de la radiotelevisión, en el caso —al menos— de la versión valenciana de los documentales y los cortometrajes es exigir un número ilimitados de pases hasta que la obra pase a dominio público, cuando el estándar de otras televisiones no suele superar los 10 años de cesión de derechos de emisión.

Las quejas sobre estas condiciones se habían hecho en voz baja, pero parece que algo se está removiendo. Un productor de la última crida decidió paralizar la venta de derechos que tenía concedida al no aceptar estas condiciones. No solo por convicción, sino porque incluso él tiene cedidos derecho de uso de música o diseños por ese periodo limitado de tiempo, por lo que estaría vendiendo ‘ad eternum’ un documental con elementos que ni siquiera él tiene para toda la vida.

En una cadena de mensajes con la producción ejecutiva al que ha podido acceder este diario, À Punt le explica que es el criterio general que se hace, siempre con la ventana de la versión valenciana a la Comunitat Valenciana, y que el carácter general de este criterio “se ha consensuado con el sector”. Nada más lejos de la realidad, fuentes de las diferentes asociaciones de productoras confirman a Culturplaza que nunca se ha planteado en la mesa que comparten con À Punt este criterio. De hecho, siendo más o menos consciente cada una de ellas,  aseguran que “ninguna asociación de productoras aceptaría que eso fuera un criterio general”.

“En una compra de derechos de emisión, exigir pases ilimitados y para siempre es una burrada. Una cosa es que la televisión en cuestión fuera co-productora, con un porcentaje importante en la producción, y a nivel individual se negocie que esas sean las condiciones, pero no es el caso”, explica otro productor con una dilatada trayectoria en el mundo del audiovisual.

El estándar llego a ser siete años, pero se ha ido aumentando paulatinamente a los diez. El número de pases se suele ajustar junto al dinero que la televisión se comprometa a abonar. En base a eso, las productoras, a nivel estatal, aplican este estándar cuando tienen que pedir derechos de otra obra ajena para sus documentales, por lo que las condiciones de À Punt rompen la baraja de la propia obra.

“Además, desde À Punt se justifican diciendo que solo limitan la venta de la versión valenciana. Pero, si por convicción, tú quieres rodar tu corto o tu documental en valenciano sin versión española, estas condiciones están condenando tu producción”, explica otra productora. El límite de 10 años permite liberar y flexibilizar las ventanas de exhibición, porque, por una parte, obliga a las televisión a comprar todos los años y no poder ‘tirar’ de hemeroteca, y por otra parte, si el documental funciona, permite volver a sacarle rendimiento económico cuando se agotan las emisiones comprometidas.

En cuanto al productor que ha pegado el golpe en la mesa, explica a este diario que ha vivido la situación perplejo. Intentó exponerle su disconformidad a Alfred Costa, director general de À Punt, sin éxito. La radiotelevisión volvió a contestarle que son las condiciones generales, y que “no iban a cambiar porque sería una desigualdad”, una respuesta que también han hecho de forma oficial a preguntas de este diario.

“Son condiciones leoninas, pero como solo hay una televisión valenciana que nos pueda comprar nuestras producciones, la gente suele firmar estando en desacuerdo”, explica una de las productoras consultadas. Otras fuentes consultadas que no estaban al tanto porque no han participado en una negociación de compras de derechos con estas condiciones, se sorprenden que existan estos criterios: “Me cuesta creerlo”, confesaba. Otra productora consultada por este diario, afirma que estaba negociando la compra de derechos de otro documental bajo otros términos, con años y pases limitados.

Hablar bajito porque la discreción importa

Con todo esto, el lector se habrá fijado que este artículo no tiene nombres y apellidos. El sector audiovisual es el que se habla más bajito. Plantear cambios estructurales, o ser el que se queja se vive con cierto miedo, porque es un reflejo de lo frágil que es el propio sector: un proyecto puede decaer o seguir adelante si el Institut Valencià de Cultura o À Punt lo deniegan o lo aceptan. Por pavor a las listas negras, o a que los criterios subjetivos cambien, las productoras prefieren la discreción y encender debates poco a poco.

En las consultas a productoras para este artículo, muchas acaban esperando que “la publicación sirva para algo, para que las asociaciones puedan plantear que estas condiciones no pueden seguir y se consensúen otras de verdad”.