VALÈNCIA (EP). La Conselleria de Educación, Universidades y Empleo ha mostrado su disconformidad con el plan del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para aplicar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y ha exigido a la ministra del ramo, la valenciana Diana Morant, que asuma "la financiación necesaria" para su aplicación.
De esta manera lo ha expresado el director general de Universidades, José Antonio Pérez, en un comunicado emitido tras la reunión celebrada este jueves en el Ministerio para analizar el primer borrador para la estabilización de 4.200 nuevos profesores ayudantes doctores en los próximos cuatro años, necesarios para compensar la reducción de la dedicación docente que la LOSU "impone" a los profesores asociados.
En concreto, para la Comunitat Valenciana la adecuación de las universidades públicas a las exigencias establecidas en la LOSU tendrá un coste estimado de 35 millones de euros, según la Generalitat.
En este sentido, desde el departamento de Campanar han sostenido que la propuesta del Ministerio, además de "insuficiente", resulta "parcial", puesto que "solo" se centra en la adecuación de la carga docente y la dedicación de los profesores asociados, "sin plantear soluciones al resto de cuestiones que demanda el cumplimiento de la norma estatal".
Por ello, la Generalitat ha reclamado al Gobierno que asuma la financiación que supone "adaptarnos a esta nueva norma" y ha defendido que las autonomías "no tienen que asumir el coste de una ley estatal que se ha aprobado sin previsión económica".
En este sentido, el director general de Universidades ha instado a la ministra Diana Morant a ser "realista" y a "no lanzar medidas sin ser consciente del coste económico que va a tener y cómo eso va a afectar a las diferentes comunidades".
Además, ha añadido que en una primera reunión "indicaron que la Administración central asumiría dos tercias partes del total y, en esta ocasión, se indica que el Ministerio solo asumirá las 2/3 partes durante la primera anualidad, recayendo en las comunidades autónomas el resto del coste en las siguientes anualidades".
Así, Pérez ha mostrado su "sorpresa" por el hecho de que el Ministerio "haya propuesto un sistema de reparto en el que el peso de la financiación para aplicar la ley recaiga en las comunidades autónomas".
Por otra parte, el director general ha mostrado "el descontento de los asistentes" a esta reunión de trabajo, puesto que, según ha asegurado, "durante la sesión, cuando aún no habían intervenido todos los sectores implicados, se ha conocido la publicación de una nota de prensa desde el Ministerio dando por supuesto un acuerdo entre las comunidades autónomas y el Ministerio que ni se había tomado ni la comisión de trabajo tenía capacidad para adoptar".
Una "filtración" que, para el responsable valenciano, ha suscitado "el desconcierto de los representantes de las comunidades autónomas, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y los propios sindicatos que, durante su intervención, habían expresado su disconformidad con la propuesta del Ministerio".
Por último, el director general de Universidades ha lamentado la "falta de previsión", la "improvisación" y el "escaso rigor" del gabinete que dirige Diana Morant, que, a su juicio, "ha quedado de manifiesto al conocer los asistentes a la comisión de trabajo que las disposiciones transitorias que van a permitir dilatar la aplicación de una parte de la LOSU ya se habían mandado al Congreso, ya que se iban a realizar en el texto de la futura ley que regulará las enseñanzas artísticas y el plazo para la presentación de enmiendas a este texto legal concluye este mismo sábado".
Según han informado a Europa Press fuentes del Departamento que dirige Diana Morant, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha acordado con las comunidades autónomas y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) la puesta en marcha de la Ley Orgánica del Sistema Universitario calendarizando su aplicación desde el curso que viene (2024-2025) y hasta el curso 2027-2028.