Ximo Puig. Foto: JORGR GIL/EPMADRID (EFE). La descentralización, un principio que ha dado forma a la realidad política y social de la España democrática, tiene también su desarrollo dentro de las propias comunidades autónomas, donde en ocasiones ha sido y es objeto de debate, no siempre pacífico.
Ahora que vuelve a cobrar fuerza la idea de profundizar en la descentralización del Estado mediante el traslado de organismos públicos fuera de la capital, hay quien mira también en el interior de las autonomías para ver si predican con el ejemplo.
La construcción del Estado autonómico a partir de la Constitución de 1978 generó, por un lado, estructuras centralizadas con escasos organismos lejos de sus capitales, aunque también administraciones descentralizadas que permitieron atender particularidades internas concretas.
Quizá el ejemplo más claro de esto último sea el de Canarias, que tiene dos capitales: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, que se alternan por legislaturas la Presidencia, Vicepresidencia y consejerías del Gobierno insular; una descentralización centrada en las dos islas capitalinas, como recuerdan frecuentemente los representantes del resto de islas, que describen la situación como de "doble insularidad".
Además, el Parlamento de Canarias tiene su sede permanente en Santa Cruz de Tenerife; la Delegación del Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria; el Diputado del Común (defensor del pueblo) en Santa Cruz de La Palma, y el Consejo Consultivo, en La Laguna (Tenerife).
Otro ejemplo es Castilla y León, cuyo Estatuto de Autonomía no establece capital y donde las instituciones autonómicas están diseminadas: el Parlamento, la Junta y el Consejo Económico y Social en Valladolid; el Procurador del Común (defensor del pueblo) y el Ente Regional de la Energía en León; el Consejo de Cuentas en Palencia; el Consejo Consultivo en Zamora, o el Tribunal Superior de Justicia en Burgos.
No obstante, es una petición constante dentro del 'leonesismo' reclamar la descentralización de fundaciones e instituciones en provincias de la 'Región Leonesa' (León, Salamanca y Zamora) y el PSOE de Castilla y León ha propuesto, de cara a su próximo Congreso, que la apertura del curso político en las Cortes se traslade a la Real Colegiata Basílica de San Isidoro de León, considerada la cuna del parlamentarismo en Europa (1188).
Tampoco Euskadi tiene capital estatutaria, puesto que Vitoria-Gasteiz, que alberga la Presidencia, la residencia oficial del lehendakari y el Parlamento Vasco gracias a una decisión adoptada con cierto debate hace 41 años, es "sede de las instituciones comunes" de la comunidad del País Vasco.
Euskadi es una comunidad descentralizada desde su origen ya que su Estatuto establece que cada Territorio Histórico podrá "conservar o, en su caso, restablecer y actualizar su organización e instituciones privativas de autogobierno" y que tendrán igual representación en el Parlamento Vasco -independientemente de su población-.
Los casos de Extremadura y Galicia son particulares puesto que sus capitales, sedes de los gobiernos y parlamentos autonómicos, están en ciudades con fuerte peso histórico y simbólico pero que no son capitales de provincia: Mérida y Santiago de Compostela.
En Extremadura está fuera de Mérida la Comisión Jurídica, antiguo Consejo Consultivo, mientras que en Galicia el Tribunal Superior de Justicia está en A Coruña y hubo un momento, con el bipartito PSdeG-PSOE/BNG que quiso llevarse la Consellería de Pesca a Vigo, aunque se quedó en amago.
En Murcia, el Estatuto de Autonomía recoge que "La capitalidad de la Región se establece en la ciudad de Murcia, que será sede de sus órganos institucionales", pero a la vez establece la "excepción" de que la Asamblea Regional "la tendrá en la ciudad de Cartagena", algo que fue aprobado por unanimidad de todos los partidos en 1982.
Hoy en día, desde 2019, la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes tiene también en Cartagena su sede de Turismo, al considerarse este municipio el motor turístico de la comunidad.
Parecida es la situación de Asturias, otra comunidad uniprovincial que tiene junto a la capital, Oviedo, una ciudad importante, Gijón, que acoge las sedes de la Dirección General de Pesca, del Consejo Consultivo y de la Radiotelevisión del Principado.
Además, el pasado abril se suscitó una polémica en relación con la futura sede del Consejo de Transparencia del Principado, cuando Ciudadanos planteó en el parlamento que se ubicase en Avilés, y el candidato que había sido propuesto por el PSOE para presidir este órgano renunció y plasmó por escrito una de las razones que suelen parar opciones de este tipo: la lejanía "del núcleo y domicilio de la inmensa mayoría de los funcionarios que podrían prestar servicios en dicho órgano, complicando así la incorporación de medios personales".
En Cataluña, la sede de la Generalitat está en la céntrica plaza Sant Jaume de Barcelona, ciudad que también emplaza las oficinas centrales de todas las conselleries, el Tribunal Superior de Justicia y el Parlament, si bien, en aras de la descentralización, el pasado septiembre la cámara catalana celebró por primera vez una reunión oficial de su Mesa fuera de la capital, en Tornabous (Lleida), municipio natal del expresident Lluís Companys.
La mayor parte de los organismos catalanes que no están en la capital catalana se ubican en su área de influencia -L'Hospitalet de Llobregat, Sant Cugat del Vallès o Sabadell-, lo que a menudo suscita críticas de centralismo desde las zonas más alejadas de Barcelona, aunque una excepción es el servicio 112, que radica en Reus (Tarragona).
En la Comunidad Valenciana, cuyo presidente, Ximo Puig, encabeza el movimiento a favor de la descentralización de sedes de organismos estatales fuera de Madrid, el actual Gobierno autonómico ha trasladado a Alicante, la Conselleria de Innovación y Universidades.
Aunque es la primera vez que una Conselleria se ubica fuera de Valencia, anteriormente, con la puesta en marcha de la autonomía, durante el gobierno de Joan Lerma, se ubicó en Castelló el Comité Económico y Social y en Alicante el Síndic de Greuges (defensor del pueblo), donde siguen; y por ejemplo la Dirección General de Turismo está en Benidorm y la Agencia Valenciana de Protección del Territorio en Elche.
Andalucía tiene todas sus instituciones en Sevilla, salvo el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo Consultivo de Andalucía, ambos en Granada; Baleares solo tiene fuera de Palma el 112, en el municipio de Marratxí, y el Consorcio para la Recuperación de la Fauna de Baleares, en Santa Eugénia; y Castilla-La Mancha ha descentralizado de Toledo únicamente el Tribunal Superior de Justicia, en Albacete, y el rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real.
De la misma forma, en Madrid todas las instituciones están en la capital salvo la Agencia Seguridad y Emergencias Madrid 112, con sede en Pozuelo de Alarcón; y en La Rioja ocurre lo mismo con Logroño salvo la Fundación San Millán de la Cogolla, que en 1998 se consideró lo "natural" que estuviera en Yuso, Patrimonio de la Humanidad por ser "cuna del español".
En Aragón y Navarra no hay instituciones autonómicas fuera de Zaragoza ni de Pamplona.
