La falacia de la infrafinanciación

De las clases de Filosofía en el Bachillerato recuerdo cuando aprendimos lo que era un silogismo, el razonamiento aristotélico con dos premisas (A y B) y una conclusión (C ), con ejemplos como: A) todos los planetas son redondos; B) Marte es un planeta; C) Marte es redondo. También aprendimos lo que era un silogismo erróneo o paralogismo, con el clásico ejemplo de la lluvia –A) cuando llueve, la calle se moja; B) la calle está mojada; C) ha llovido–, fácil de entender en una zona donde la mayoría de los días que la calle está mojada es porque la ha regado los servicios de limpieza. También nos enseñaron el sofisma, cuando se falsea el silogismo con intención de engañar, y la falacia, donde el engaño parte de una premisa falsa.

Me acordé de todo ello al ver el otro día en À Punt un didáctico reportaje sobre el problema de la financiación autonómica que padecemos los valencianos. Didáctico en la explicación, que llegó a los espectadores muy masticadita, fácil de entender a pesar de ser un tema muy complejo. Hasta que salieron los políticos a lamentar las consecuencias de esa infrafinanciación de tantos años y cayeron en una falacia que la televisión les compró.

El mensaje era el siguiente: A) ser la autonomía peor financiada provoca que no haya dinero suficiente para sanidad, educación y servicios sociales; B) la sanidad, la educación y los servicios sociales de la Generalitat tienen graves deficiencias; C) la causa del mal funcionamiento de estos servicios es el sistema de financiación autonómica.

Los ejemplos eran dramáticos: un hombre que tuvo que esperar más de dos años a una operación de próstata con una calidad de vida lamentable, sondado y con la bolsa de orina a cuestas; un colegio público en barracones después de años de promesas incumplidas a alumnos, padres y profesores; familiares de dependientes que esperan años hasta recibir las ayudas a las que tienen derecho, que a veces llegan después de fallecer la persona dependiente...

Según este razonamiento, la culpa de estas deficiencias no es de Ana Barceló, Vicent Marzà o Mónica Oltra, consellers de esas tres áreas, y mucho menos de Ximo Puig. La culpa de lo mal que funcionan algunos servicios públicos es de un sistema de financiación autonómica en la que somos los que menos recibimos. La excusa es perfecta y viene reforzada por el hecho de que casi todos los partidos valencianos –menos Vox–, los agentes sociales, los medios de comunicación y decenas de entidades de la sociedad civil apoyan la reivindicación "per un finaçament just". Ese apoyo sería, en cierto modo, un reconocimiento de que muchas cosas no funcionan bien porque el Estado no envía suficiente dinero, no porque el Gobierno de Puig tenga ineficiencias.

¿Por qué esa explicación es una falacia? Pues en el mismo reportaje televisivo daban la pista al insistir sobre otro de los efectos de la infrafinanciación, que es el aumento de la deuda de la Comunitat Valenciana, que ya va por los 52.300 millones de euros. De hecho, el silogismo anterior queda desmentido por otro silogismo muy repetido por nuestros políticos, este sí cierto aunque incompatible con el otro: A) estar a la cola de la financiación autonómica obliga a la Generalitat a endeudarse para igualarse en gasto social a la media de las CCAA; B) desde 2002 estamos a la cola en financiación autonómica; C) la Generalitat se ha tenido que endeudar año tras año desde 2002.

Si la Generalitat se ha tenido que endeudar, cosa que es cierta, esa deuda ha cubierto el agujero que le deja la infrafinanciación estatal, ergo el Consell sí dispone del mismo dinero por habitante que la media de CCAA para atender la sanidad, la educación y los servicios sociales. Es cierto que ese dinero adicional llega con cuentagotas porque el prestamista es el Estado a través del FLA y lo hace pagando a los proveedores contra factura. Pero dinero no falta, lo que falta es gestión.

Es tan evidente, que el parche que cubre lo que falta de financiación figura en los presupuestos de la Generalitat desde que Alberto Fabra empezó a incluir, cada año, una partida ficticia que continuó al alza con Puig y que en el presupuesto de 2022 es ya de 1.337 millones, más otros 1.000 nuevos que se ha inventado este año. Es una supuesta transferencia del Estado que nos igualaría en financiación a la media de CCAA pero que el Gobierno no reconoce. Así que nunca llega como transferencia, llega como préstamo para cubrir el déficit.

Por explicarlo con un ejemplo, cojamos 2019, último año antes de la pandemia. Según Fedea, la Comunitat Valenciana recibió 215 euros menos por habitante ajustado que la media de las CCAA (excluidas País Vasco y Navarra). Multiplicado por cinco millones de habitantes, la infrafinanciación fue de algo más de 1.000 millones de euros. Pero si al dinero transferido a la Generalitat le sumamos la partida ficticia –"reivindicativa", la llaman– de 1.325 millones que se presupuestó y que se cubrió con deuda del Estado, resulta que los recursos que manejó el Gobierno de Ximo Puig para esos gastos sociales fueron 26 euros por habitante superiores a la media de las CCAA.

Es muy injusto que el Estado cubra con un préstamo lo que a otros les da mediante transferencia. Es como si a un trabajador la empresa le abonara cada mes el 90% de su nómina y el 10% restante se lo prestara. Pero el resultado de esa injusticia es exclusivamente un aumento de la deuda, no tener menos dinero ni, por tanto, peores servicios que el resto de CCAA.

Así, el primer silogismo es una falacia, pues la premisa A (estar a la cola de la financiación autonómica provoca que no haya dinero suficiente para sanidad, educación y servicios sociales) no es cierta. Se podrá argumentar, y se argumenta con razón, que el dinero que llega no es suficiente para ninguna comunidad autónoma y, por tanto, todas están infrafinanciadas (excepto País Vasco y Navarra). De hecho, la propuesta valenciana que en los próximos días se hará pública parte de que el Estado ponga más dinero para el conjunto del sistema de financiación. Pero la injusticia que se denuncia no es esa, sino el hecho de recibir menos dinero en el reparto.

Obviamente, habrá que seguir reivindicando una financiación en la media de las CCAA y que el Estado se haga cargo de la deuda provocada por la infrafinanciación.

Otra cosa es el montante de esa deuda que se ha contraído para tapar ese agujero anual, una cifra que crece de manera sorprendente en boca los políticos. En octubre de 2015 todos los grupos de Les Corts firmaron un documento exigiendo los "12.433 millones" de euros de deuda generada por la infrafinanciación entre 2002 y 2013. Un mes después, Puig elevaba la cifra a 16.000 millones y menos dos años después, en julio de 2017, el conseller Soler la elevaba a "unos 20.000 millones".

Teniendo en cuenta que la infrafinanciación se ha cifrado en unos 1.300 millones al año –cifra que habría que poner en cuarentena, porque en 2019 fueron 1.075–, el redondeo de Soler parece excesivo, aunque está lejos de los 30.000 millones que reivindicó en diciembre Mónica Oltra, como portavoz del Consell, cifra que repitió en el citado reportaje de À Punt.

Con la pandemia, la cosa se ha desmadrado. En el presupuesto de la Generalitat para 2022, la partida "reivindicativa" –ficticia– no es de 1.337 millones sino de 2.337, además de otros 600 millones de dudoso cobro procedentes del Estado que figuran como ingreso, con el silencio cómplice de la ministra de Hacienda. Dice Puig que esas partidas "reivindicativas" deben mantenerse hasta que la Comunitat Valenciana "esté en la media de gasto de las CCAA". Y, efectivamente, ya lo estamos, logro que cabe apuntar en el haber del Consell porque antes de 2015, con la política de recortes, estábamos muy por debajo.

Según datos del Gobierno, el gasto medio en Sanidad de las CCAA en 2019 fue de 1.486 euros por habitante y el de la Comunitat Valenciana, de 1.477, solo nueve euros menos. Teniendo en cuenta que esa media incluye a País Vasco y Navarra, sobrefinanciadas gracias a su régimen foral y no incluidas en el sistema de financiación autonómica, en Sanidad ya estamos en la media. En Educación, según datos del Ministerio, el gasto de la Generalitat en 2019 supuso el 11,07% del total gastado por las CCAA, por encima de la media ya que el peso de la población valenciana en el conjunto de España es del 10,64%.

Y en servicios sociales no hay una estadística oficial, pero, a modo de resumen, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales publica cada año un informe sobre el gasto en Sanidad, Educación y Servicios sociales de las CCAA, y en el último publicado la Comunitat Valenciana está por encima de la media. Si estamos en la media de gasto o por encima gracias a que el Consell dispone del mismo dinero que la media, ¿por qué un señor tiene que sufrir dos años de espera para una operación de próstata?