Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Fiscalía no recurrirá el archivo de la causa que investigaba a la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra y al resto de cargos de la Conselleria de Igualdad. Así lo ha decidido la Fiscalía General del Estado, a la que se le había remitido el sobreseimiento dictado por el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia en base al estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
En él se establece que los miembros de la Fiscalía pondrán en conocimiento del Fiscal General del Estado los hechos relativos a su misión "que por su importancia o trascendencia deba conocer".
La causa relativa a Oltra cuenta con una importante trascendencia pública, por lo que la Fiscalía de Valencia (en este caso, su representante en este procedimiento) se encontraba a expensas de aquello que indicara la Fiscalía General del Estado.
Fuentes oficiales de la FGE confirman que la decisión es la de no interponer recurso, por lo que esta será la posición que tome la Fiscalía de Valencia. El plazo para presentarlo finaliza la semana que viene y alguna de las partes ya lo ha interpuesto. Es el caso de la víctima de los abusos del exmarido de Oltra, que ha pedido que la que fuera vicepresidenta del Consell sea procesada.
El juzgado archivó la semana pasada la causa al concluir que no se sostenían racionalmente las acusaciones contra la exdirigente de Compromís y el resto de cargos de su departamento. Señaló que, tras las diligencias practicadas, lo que en un principio pudieron ser indicios, ahora "se han desvanecido", "han decaído por completo" y son "meras sospechas, conjeturas o elucubraciones".
Así, el juez entendió que no había indicios de criminalidad y descartaba la comisión de los delitos de prevaricación administrativa, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. Todo ello al no probarse que existiera orden o concierto por parte de Oltra ni de su equipo para tapar los abusos de su exmarido; al considerar que el expediente informativo abierto por la Conselleria no tiene relevancia penal; y que, aunque los empleados del centro de menores y de la administración pudieran haber actuado de otro modo, no incurrieron en ninguna ilegalidad.
